URGENTE: la Justicia investiga si Cambiemos obliga a empleados públicos a participar de su campaña

En el día de ayer, Jorge Di Lello - fiscal con competencia electoral- inició una causa por irregularidades en la campaña oficialista.

La causa tiene como objeto investigar la utilización de empleados públicos para actividades vinculadas a la campaña de la Juntos por el Cambio. Dichas actividades habrían ocurrido tanto en dependencias nacionales, provinciales, municipales como en organismos descentralizados del Estado.

La última semana se dio base a la investigación publicada por Cenital este miércoles, el fiscal decidió convocar a declaración testimonial para el próximo 29 de agosto a los delegados de ATE Eduardo Nasif y Santiago Fernández Galeano, quienes habían presentado una nota dirigida a Federico Ballán, a cargo de la Subsecretaría de Vías Peatonales de la Ciudad, uno de los tantos organismos públicos denunciados por obligar a sus empleados a participar de timbreos, ir al call center de campaña de Juntos por el Cambio, volantear, fiscalizar para ese frente y hasta asistir a los actos de Mauricio Macri.

"Manifestamos nuestro total repudio a los aprietes que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras en diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos donde antes y después de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del pasado domingo 11 de agosto, instigaron no sólo presionando por el voto por el oficialismo, si no que pidieron 'compromiso' para poner mesas partidarias los días sábados, ir a los actos políticos, concurrir al call-center, timbrear y fiscalizar el día de las elecciones y que de no ganar los comicios, no se garantizaba su continuidad laboral", expresaron desde ATE Consejo Directivo Capital Federal mediante un comunicado. Y advirtieron que también se manifestaron las presiones "interrogando a quiénes habían votado en las PASO y por qué, además de nuevamente poner en el plano de la incertidumbre los puestos de trabajo", según consigna la nota dirigida a las autoridades oficiales.

"En los últimos días, los casos se multiplicaron y se extendieron por todo el país: trabajadores de ministerios, municipios, organismos descentralizados, y hasta de atención ciudadana como hospitales y centros de salud, relatan que en la previa a las elecciones primarias fueron obligados a realizar todo tipo de tareas, algunos bajo amenaza de despido por la "no renovación" de sus contratos laborales", expresa el sitio Cenital.

Los trabajadores crearon la página web No es mi trabajo, para recabar testimonios en forma anónima de las dependencias del Gobierno en las que están obligando a hacer tareas militantes. Por otra parte, el fiscal tomó en cuenta varios casos testimonios de estas situaciones abusivas que se dieron a conocer en FM Futurock.

De confirmarse las denuncias Juntos por el Cambio podría tener graves problemas: "la ley establece la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política, así como también está prohibido utilizar personal, bienes o recursos del Gobierno con fines particulares", afirma Juan Amorin.

Fuente: Cenital.com