Se trata de la funcionaria macrista, Laura Alonso, quien pudo ocupar el cargo de titular de la Oficina Anticorrupción vía DNU firmado por Mauricio Macri, ya que Alonso al no ser abogada no completaba el requisito fundamental para ocupar dicho cargo.

La misma funcionaria, así como todo el bloque Cambiemos, se jacta de luchar contra la corrupción tuiteando constantemente sobre la "transparencia" de este gobierno, sin embargo, no ha realizado ninguna investigación ante cientos de denuncias realizadas por diferentes irregularidades con contundentes pruebas.

Esta semana el fiscal Carlos Stornelli impulsó la denuncia penal asentada dos meses atrás contra la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso por la presunta contratación irregular de una consultora vinculada al PRO. La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien ya comenzó a plantear medidas de prueba.

Si bien el tema había cobrado relevancia periodística hace ya unos meses, la denuncia formal fue asentada el pasado 17 de julio por el abogado Leonardo Martínez Herrero, que tomó las denuncias publicadas en Página 12 y el portal La letra P por el periodista Sebastián Lacunza.

En esas publicaciones se detallaba la forma en que Alonso benefició a la consultora Consuasor con un contrato de 990.000 pesos anuales (82.500 pesos mensuales), para luego tratar de ocultar el vínculo. En la denuncia se detallan por lo menos cinco graves irregularidades cometidas por la titular de la Oficina Anticorrupción, entre las que se cuentan la contratación de una consultora para relacionarse con la prensa cuando en los hechos existía un área de prensa en la repartición estatal y que Consuasor no estaba en condiciones de ser contratada por el Estado por mantener deuda con el fisco o que la consultora a su vez asesoraba a otros funcionarios a los que la OA debía controlar, entre otras.

Después de la primera denuncia periodística, Alonso decidió desvincular a los principales socios (Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, de larga relación con el PRO), pero mantuvo en la nómina a otros empleados de la consultora. Al mismo tiempo, ambos socios de Consuasor fueron sospechosamente dados de baja también en contratos con otras dependencias públicas (a excepción de la oficina del senador Federico Pinedo, que lo sostuvo).

La Oficina Anticorrupción de Laura Alonso además se negó sistemáticamente a responder consultas periodísticas sobre la irregular contratación a Consuasor y los vínculos de ésta con otros funcionarios.

Fuente: Informe Político