ESCÁNDALO: la foto que confirma la opereta PRO en la causa 'aportantes truchos' contra Vidal

La hipótesis de la detención de Cristina o de su proscripción electoral formó parte de la columna de Marcelo Bonelli en Clarín el viernes 21. El columnista escribió que la Casa Rosada trabaja en un proyecto de ley para “encapsular el escándalo de los cuadernos” e identificó a los encargados: el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el ministro de transporte Guillermo Dietrich y el asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón. Sostuvo que el cuarteto trabaja en la idea de que los involucrados pierdan sus derechos, a continuar al frente de sus compañías los empresarios, a postularse para cargos públicos los políticos. Pero agregó que Jaime Durán Barba y Marcos Peña Braun se oponen a cualquier restricción electoral a Cristina, porque piensan que su candidatura dividiría al peronismo. Rodríguez Simón fue abogado de Clarín e incluso en 2013 publicó un opúsculo defendiendo la posición del multimedios en el debate por la aplicación de la ley audiovisual, como elemento de presión sobre la Corte Suprema.  Sin embargo, no estuvo contento con la publicación de Bonelli. Una de sus principales aliadas dentro de Cambiemos, la cívica libertadora Elisa Carrió, insiste cada vez que puede que la ex Presidente debe ir presa. En noviembre de 2016,  Carrió y  Rodríguez Simón grabaron un video casero en Uruguay, dedicado irónicamente a Daniel Angelici, Ricardo Lorenzetti y los hermanos Alfredo y Ariel Lijo, “que lo miran por TV”.

Rodríguez Simón y Angelici son dos operadores judiciales de Macrì y la competencia entre ellos es abierta, sin excluir la promoción de causas penales recíprocas, por interpósitas personas. Rodríguez Simón ideó la designación en comisión, por decreto presidencial,  como jueces de la Corte Suprema de su íntimo amigo Carlos Fernando Rosenkrantz (de toda la vida, como hermanos, dice) y de Horacio Rosatti. Ahora volcó todas sus influencias para conseguir que a partir del lunes 1°, Rosenkrantz ocupe el lugar de Lorenzetti en la presidencia de la Corte Suprema. 

Esto implica lidiar con las estructuras y las alianzas que el ex Presidente tejió durante sus 11 años en el cargo. Entre ellas, el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom). El Poder Ejecutivo dispuso por decreto llevar la pinchadura de los teléfonos de la Procuración General, en tiempos de Alejandra Gils Carbó, a la Corte Suprema. La Corte designó como director al camarista federal Martín Irurzun, uno de los hombres de mayor confianza de Lorenzetti. La información dijo que había sido por sorteo, pero La Nación y Perfil tenían el nombre del titular desde antes del presunto ejercicio del azar, cuya realización no consta en el expediente del traspaso. Irurzun tiene otra función decisiva, como integrante de la sala de la Cámara Federal que actúa como alzada del doctor Glock en la causa del escaneo de los cuadernos. Bonadío procesó a Cristina en ese expediente, pero supeditó a la confirmación del procesamiento por la Cámara, la solicitud de desafuero al Senado, que le permitiría detenerla.  Irurzun, además es el autor de una doctrina que quedará para su estudio en las facultades de derecho como ejemplo del extravío de la Justicia en estos tiempos. Según esa doctrina, ex funcionarios como Amado Boudou tendrían un “poder residual” (no sujeto a prueba en cada caso) que les permitiría obstaculizar la investigación si permanecieran en libertad, cosa que no se aplica a los arrepentidos.

La última semana, la Cámara dispuso la libertad del empresario Sergio Taselli,  porque recién en 2016 se mudó al edificio en que la fotocopia de los cuadernos le atribuye haber entregado bolsos con dinero en 2013. Lo mismo había ocurrido con el empresario Jorge Rodríguez. Esto pone en cuestión todo el andamiaje montado por los sargentos Centeno y Bacigalupo, el periodista Diego Cabot, el fiscal Stornelli y el juez Glock y ratifica que el juicio oral será para alquilar balcones.

Sólo Irurzun y Rodríguez Simón podrían contar cuál de estos temas formó parte de la animada conversación que sostuvieron durante la última semana, en el bar Biblos, de Libertad y Santa Fe. Rodríguez Simón admitió ante uno de los líderes del Frente para la Victoria que fue su compañero de estudios, que está trabajando para que los procesamientos de los constructores no frenen las obras por el régimen de Participación Público Privada, pero se ocupó de desmentir que albergara intenciones proscriptivas.


Fuente: El Cohete a la Luna