María Candelaria Caputo, hija de Nicky Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, no quiere pagar el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Se presentó ante el juez Enrique Lavié Pico en busca de un fallo que la libere del compromiso, que alcanza a aquellos contribuyentes con patrimonios a partir de 200 millones de pesos a valor fiscal. La hija del empresario de la construcción incrementó su fortuna luego de formar parte de la venta de Caputo Saicyf, efectuada en 2018. 

Nicolás Caputo fue uno de los principales empresarios beneficiados en las licitaciones de obra pública mientras gobernó Mauricio Macri. También se vio involucrado en los “Panamá Papers”, junto al propio Macri, en una lista de personajes con propiedades, cuentas y empresas en paraísos fiscales. 

Juntos por el Cambio se opuso en el Congreso a la creación del aporte solidario de grandes fortunas y ahora la hija de uno de los empresarios identificados con ese espacio intenta que se lo declare inconstitucional. Por el momento, la rebeldía fiscal fue motorizada por otros seis constribuyentes que hicieron distintas presentaciones con pedidos de amparo para frenar el pago. La jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre se los concedió a tres de ellos, en tanto que el juez Sergio Pinto se lo negó a un cuarto. 

PáginaI12 reveló que los principales estudios jurídicos, contables y de consultoría del país se disputan el mercado de millonarios que rechazan el aporte extraordinario. Participan del negocio firmas como Lisicki Litvin, KPMG, Ernst&Young, Bertazza Nicolini Corti, BDO, Marval O’Farrell Mairal, Bruchou y Beccar Varela. Cobran unos 2000 dólares por hacer la presentación de la demanda y después un abono fijo mensual hasta la finalización del litigio, cuando se determinará el saldo a liquidar. 

Los estudios estiman que los contribuyentes terminarán pagando el 25 por ciento de lo que deberían tributar por el aporte de grandes fortunas en caso de ganar los juicios. Un contribuyente que tiene 200 millones de pesos de patrimonio, a valor fiscal, con todos sus recursos en el país, deberá pagar 4 millones de pesos del aporte de grandes fortunas. Es decir, si las acciones judiciales terminan logrando resultados favorables, en lugar de ese monto destinarán 1 millón de pesos en honorarios a abogados y contadores. 

De acuerdo a estimaciones del mercado, entre 400 y 800 millonarios elevarán el reclamo judicial contra la ley. La gran mayoría lo hará después de pagar, mediante acciones declarativas. Según la AFIP, son 13 mil las personas con grandes fortunas alcanzadas por el aporte solidario.

El organismo fiscal, sin embargo, tiene expectativas de un alto cumplimiento del aporte por única vez. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio y la Cámara de la Construcción solicitaron una prórroga del vencimiento para la presentación de la declaración jurada y primer pago del aporte. La AFIP se los concedió y dispuso que la nueva fecha es el 16 de abril. Fue una muestra de buena voluntad ante el gesto del empresariado que muestra disposición a cumplir con la ley.

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