La Justicia avanza contra el ex presidente Mauricio Macri por la causa de Autopistas, en la que el anterior gobierno habría beneficiado a la compañía española Abertis —de la cual el Grupo Macri era accionista— en la renegociación de los contratos por Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionarios del Oeste S.A. (Acceso Oeste).

En este momento, el juez Rodolfo Canicoba Corral cuenta con un testigo clave: Carlos Balbín, el exprocurador del Tesoro que llevó adelante el caso durante la gestión de Cambiemos y por eso tuvo que renunciar al cargo que defiende los intereses del Estado. Como Balbín volvió a su puesto de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, pudo brindar su declaración testimonial por escrito en la primera semana de diciembre.

Balbín aseguró que la demanda de Abertis contra el Estado nacional por el congelamiento de las tarifas no debía prosperar al estar prescripto y que la empresa no cumplió los requisitos internacionales para demandar a la Argentina, porque antes de pasar por el tribunal arbitral Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), primero debía pasar por los tribunales argentinos. 

Balbín planteó que Abertis no cumplió con las reglas establecidas porque debía iniciar una demanda en el país antes de acudir a un tribunal internacional. “La Demandante —declaró el exprocurador— admite no haber sometido esta controversia a los tribunales locales previo a someterla al arbitraje”. Además, declaró que “la Demandante afirma que recurrir a las cortes argentinas resultaría en una situación de ineficacia e inequidad y que le generaría a la Demandante gastos adicionales”. Por eso, Balbín aseveró que “el argumento de la Demandante cae irremediablemente” sobre este último punto.

El conflicto empezó en diciembre de 2015, cuando Abertis demandó a la Argentina ante el CIADI por retrasos tarifarios en las autopistas por un congelamiento de los peajes en 2002, a causa del estallido social de aquel entonces. En ese entonces, Abertis todavía era socia de Sideco, perteneciente a la familia Macri, en Ausol, la concesionaria del acceso norte. En 2018, el gobierno de Cambiemos renegoció los contratos de concesión de las autopistas de Acceso Oeste y Acceso Norte con Abertis.

Por el acuerdo, el anterior Ejecutivo sostuvo que se habían ahorrado más de US$ 2.300 millones porque se evitó que prosperara la demanda ante el CIADI. Sin embargo, Canicoba Corral busca determinar si en verdad se benefició a la compañía por haber sido socia de la familia del expresidente.

Fuente: Perfil