LES SALIÓ EL TIRO POR LA CULATA Macri Carrió y Bullrich denunciados penalmente por las escuchas que presentaron contra Baratta
El escándalo de por las extorsiones de Stornelli suma un nuevo capítulo que golpea a las puertas de la Rosada
El presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y la diputada de Cambiemos Elisa Carrió fueron denunciados por realizar escuchas ilegales a presos que luego fueron difundidas en medios de comunicación oficialistas. La legisladora utilizó las conversaciones para acusar que "presos k montaron una operación" contra el fiscal Carlos Stornelli, quien fue acusado de extorsionar a empresarios en "la causa de los supuestos Cuadernos" del chofer Oscar Centeno.
La denuncia -que también acusa al fiscal Stornelli, a la legisladora Paula Oliveto y a la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic- fue presentada luego de que el ex embajador argentino en el Vaticano alertara que eran escuchadas las conversaciones de los presos en el módulo 6 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde están detenidos el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, Roberto Baratta.
“La estructura del poder ejecutivo sigue una estructura piramidal. La escucha que puede hacer el Servicio Penitenciario responde a la ministro Bullrich y al Presidente que tienen responsabilidad por acción u omisión”, explicó Humerto Prospero, el abogado que presentó la denuncia ante el Juzgado Federal Crimal y Correccional N 2.
Además, acusa como agravante el hecho de que se hayan publicado las conversaciones íntimas de los presos en medios como el diario Clarín que lo hizo en la nota firmada por Nicolás Wiñaski y que hoy fue desmentida por el propio Eduardo Valdés, quien manifestó que la conversación que mantuvo con Schiavi era acerca de otro tema.
El abogado además recordó que el 10 de febrero formuló un "habeas corpus colectivo" en calidad de letrado defensor de internos alojados en el módulo 6 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza" lo cual hizo que tome conocimiento a través del programa de radio conducido por Eduardo Valdes, "de que se encontraban siendo grabadas todas las comunicados de los detenidos en dicho módulo".
Carrió junto a Oliveto y Zuvic hicieron el viernes pasado una denuncia ante Franco Picardi, fiscal de turno en Comodoro Py para denunciar que la acusación contra el fiscal Stornelli fue realizada por los ex funcionarios kirchneristas que están presos.
“Aparece todo un montaje en defensa de un fiscal y acusan a la gente que está detenida que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Lo que importa es correr el eje de la discusión para sacar a Stornelli del escándalo. Esto es espionaje político, esto es no tener en cuenta el estado de derecho”, advirtió Prospero.
También, la acusación exige que "se investigue la participación de las Fuerzas de Seguridad de la Policía Federal, teniendo en cuenta, las vinculaciones con la formalización de las escuchas".
Sobre las Escuchas:
Las escuchas telefónicas fueron ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N 2 de Lomas de Zamora, que está a cargo interinamente de Federico Hernán Villena. Según el documento al que alude Carrió, que fue publicado por la Revista Noticias, se trata del Caso Aguape III, causa número 41.475/2016, en la que se ordenó monitorear las comunicaciones relacionadas con Mario Segovia, conocido como el "Rey de la efedrina".
Lo que nadie explica es porque si, como dice el documento, Segovia cumple su condena en el Pabellón "A" Módulo 6 se interceptaron llamadas de los teléfonos públicos del Pabellón "D" Módulo 6 y se escucharon y transcribieron diálogos de Roberto Baratta, y del Pabellón "C" Módulo 6 y para hacer lo mismo con el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
Tampoco se explica porque si las escuchas se ordenaron y no resultaban atinentes a la investigación de la causa de Segovia, las mismas en lugar de ser destruidas, fueron transcriptas y dichas transcripciones terminaron en poder de Lilita.
Lo que deja al descubierto esta maniobra es el modus operandi del espionaje ilegal a los detenidos. Utilizan una causa para pinchar los teléfonos, en este caso la de un narcotraficante, y de esa forma el Gobierno tiene la excusa para interceptar y monitorear las conversaciones de los presos y luego, si encuentran algo que pueda ser útil, buscan la forma de blanquear esta opaca maniobra.
La denuncia sostiene que las transcripciones de esas escuchas las manejó el Gobierno, que llegaron así a manos de Stornelli y del operador Joaquín Morales Solá, que aseguró el domingo lo mismo que Carrió denunció ayer.
El escrito describe que la forma de realizar estas escuchas es dividir a los imputados por narcotráfico en los distintos pabellones del penal para poder justificar la intervención de los teléfonos y así logar el control del resto de los presos.
Fuente:El Destape / 24.com
