La AFIP logró un embargo por 1.500 millones de pesos a un grupo empresario de Neuquén, que además lavó activos y evadió impuestos a lo largo de varios años de actividad en los sectores del transporte y del entretenimiento. La semana pasada, la Inspección General de Justicia (IGJ) había declarado "ineficaz e irregular" la inscripción del fideicomiso de Santiago Maratea para el club Independiente en esa provincia, señalada como un espacio flexible para prácticas evasivas e incluso fue comparada con los países offshore. 

En el marco de una causa iniciada en el 2015 por el organismo conducido por Carlos Castagneto, el juzgado federal N°2 de Neuquén ordenó la retención de bienes a la firma por $ 428 millones, por $ 1.000 millones a los dos socios y por $80 millones a la contadora. Las numerosas maniobras fraudulentas desplegadas por los imputados consistió en desarrollar actividades comerciales con empresas que no poseían bienes, y al momento de conocer el inicio de una fiscalización por parte de la AFIP, dejar de utilizar sus cuentas bancarias, y transferían lo recaudado a otras firmas del grupo económico, y a su gerenta administrativa.

Neuquén en la mira por el fideicomiso de Maratea

La semana pasada, la IGJ declaró "ineficaz e irregular" la inscripción del fideicomiso de Maratea, que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a Independiente, y anunció que reclamará ante la Justicia la designación de un interventor controlador. La entidad cuestionó “severamente” la decisión del influencer y la dirigencia de Independiente de inscribir el fideicomiso en la provincia de Neuquén y no en la de Buenos Aires, como lo indica la regulación.

En declaraciones periodísticas, el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, explicó que intervinieron porque había “mal olor” en la forma en que este instrumento se constituyó. Además, deslizó que Maratea lo puede haber registrado en Neuquén porque esa provincia opera, desde 2016, como una suerte de “paraíso fiscal”. 

“La inscripción intentada en la relacionada y ajena sede provincial no cumple con ninguno de los recaudos legales, ni tampoco, con la finalidad perseguida por el Código Civil y Comercial de la Nación para el supuesto del Contrato de Fideicomiso”, indicó la IGJ en su dictamen.  Además, el ente de contralor calificó de “exorbitantes” las sumas de dinero que recibirá Maratea en su carácter de fiduciante, y los gastos y honorarios de los otros integrantes del fondo.

La IGJ también cuestionó la "llamativa" cuenta recaudadora en Mercado Libre, ya que no está inscripto ante el Banco Central como “entidad financiera” y es solo es un proveedor de pago. Con respecto a la inscripción en una provincia ajena, el ente dependiente del Ministerio de Justicia acusó a Maratea y al exarquero Miguel Ángel “Pepe” Santoro de “burlar la competencia de este Organismo de Control para así evitar el control de legalidad que implica la intervención" de la IGJ, "situación que indubitablemente configura un ensayo de fraude a la ley por vía de elección jurisdiccional potestativa, lo que se conoce como fraude interjurisdiccional”.