Tras el durísimo informe sobre las PPP de Macri, el Gobierno rescinde los contratos de dos corredores viales
Se trata del corredor E, que abarca las Rutas N° 9 (Autopista Campana - Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; y del corredor F, que comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33.
Tras la publicación de un durísimo informe de la Auditoría General de la Nación sobre el programa de Participación Público Privada (PPP) que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, el Gobierno Nacional rescindió los contratos de estas denominadas PPP de dos corredores viales.
El Ministerio de Obras Públicas llegó a un acuerdo con la contratista a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales. Se trata de la contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España), a cargo de los corredores E y F, para la extinción de los contratos.
El corredor E abarca las Rutas N° 9 (Autopista Campana - Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; y el corredor F comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33.
A dos años de la fallida implementación del esquema de Participación Público - Privada (PPP) realizado por la gestión anterior, el Gobierno Nacional inició un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente las irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones.
Así lo comunicó el Ministerio que comanda el funcionario Gabriel Katopodis. Hoy El Destape publicó que el programa de Participación Público Privada (PPP) del macrismo para darle impulso a la obra pública de vialidad estuvo repleto de irregularidades. Así lo determinó la Auditoría General de la Nación (AGN) al analizar contrataciones del proyecto “PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras-Rars Etapa 1”.
El Colegio de Auditores de la AGN sesionó en forma virtual el 16 de septiembre pasado y aprobó un informe muy crítico con el programa destinado a rutas y autopistas que había proyectado la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) macrista. Entre las irregularidades que marcó la AGN, se destacan: "Un grosero error en el cálculo de costos, problemas de financiamiento, que perjudicó al Estado, su impacto fiscal, que se disolvió el control estatal, problema de fondos y la incertidumbre generada".
El informe señala también que “el gobierno de Macri concedió prórrogas y modificaciones contractuales que agravaron la situación de incertidumbre, llevando los contratos hasta la actualidad, a pesar de que las empresas todavía no han asegurado el financiamiento y cuentan con un bajísimo grado de ejecución en las obras”.
“El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía", informó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis
El pasado 27 de mayo se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló: “El esquema Público-Privado de la gestión macrista fue un fracaso y era ruinoso para el Estado: beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron”. Y continuó: “El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía. Estos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”.
Corredores vaciados
En conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento.
Asimismo, estos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría perjudicar la administración de las divisas de la Nación, debilitando las reservas del Banco Central.
Los contratos incluían, además, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos). De esta manera, los contratistas han estado percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018.
Cómo sigue el estado del resto de los corredores vigentes
• Corredor A: abarca las Rutas N°3 y N° 226. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.
• Corredor B: comprende la Ruta N° 5. Las obras a ejecutar estaban a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.
• Corredor C: incluye la Ruta N° 7. Las obras a ejecutar estaban a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA.
• Corredor SUR: incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).
Fuente. El Destape
