La jueza del fuero laboral de primera instancia Silvia Garzini aceptó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) contra el Poder Ejecutivo en referencia al capítulo de trabajo del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei. "Afecta a la entidad gremial requirente y a los trabajadores representados por ella", informa la resolución judicial a la que accedió El Destape. 

En la presentación judicial, la Asociación del Personal Aeronáutico había pedido que "se decrete la inconstitucionalidad y/o legalidad y/o inaplicabilidad y/o nulidad del decreto de necesidad y urgencia". Allí, denunciaron la imposición "en forma irregular reforma de leyes laborales individuales y colectivas".

Además, denunciaron la restricción del "derecho de huelga", la eliminación de "la ultraactividad de los Convenios Colectivos de Trabajo", la desfinanciamiento "a la asociación sindical", la "eliminación de derechos que impactan regresivamente en la estabilidad laboral, en el monto de las indemnizaciones por despido sin causa, en especial cuando el contrato de trabajo no está registrado, eximición de responsabilidad solidaria en caso de subcontrataciones", entre otros aspectos de la parte laboral del DNU. 

"Cabe recordar que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución que debe recaer en otro proceso. Ellas están destinadas a satisfacer cualquier petición que, por el paso del tiempo (lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final), resulte materialmente irrealizable, ya sea porque sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o se tornen inoperantes los efectos de la resolución", explicó la jueza en la resolución.

Habilitaron también la feria judicial para analizar el protocolo antipiquetes

En un nuevo revés judicial para el gobierno de Javier Milei, la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria y declaró competente a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para analizar un pedido de inconstitucionalidad contra el protocolo antipiquetes presentado por una legisladora porteña de la izquierda. 

María Celeste Fierro, legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad, había presentado un recurso de amparo contra el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por considerar que lesiona derechos y garantías de carácter constitucional.

Bullrich anunció, en la previa de la primera gran manifestación contra el Gobierno, que iban a hacer tareas de inteligencia sobre los manifestantes para hacerle frente al "desorden en la vía pública" y, como sanción, quitaría los planes sociales a quienes decidan protestar en las calles.


Fuente: El Destape