El Senado comenzó la segunda ronda de expositores del debate de la Ley de Alquileres. Después de haber escuchado este miércoles a representantes de los propietarios y las cámaras inmobiliarias, este jueves es el turno de las asociaciones de inquilinos.

Los senadores de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado encaran negociaciones contrarreloj para definir cómo continuará la discusión y si se contará con los números necesarios para llevar el tema al recinto.

Juntos por el Cambio pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados y convertirla en ley en la próxima sesión, mientras que el Frente de Todos quiere introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.

Según informó Noticias Argentinas, la coalición opositora no tiene los votos necesarios, y en cambio el oficialismo sí estaría mejor perfilado para firmar dictamen de mayoría y luego hacer valer la superioridad numérica en el recinto.

El primero en exponer este jueves fue el representante de Inquilinos Tandil, Juan Arriszabalaga, quien consideró que los 10 millones de inquilinos del país están "en una situación crítica ante un nuevo ataque del lobby inmobiliario que permea a una parte de la clase política argentina", y afirmó que la reforma aprobada por Diputados "es pro mercado y pro rentistas".

Luna Miguens, del CELS, consideró que lo que no puede suceder en este debate es que se instale la idea de que "los inquilinos se perjudicaron por sus propias conquistas y que entonces hay que volver para atrás, eso es lo que no puede pasar".

En la audiencia de este miércoles, donde se escucharon testimonios de 18 representantes de cámaras inmobiliarias, legisladores del oficialismo y de la oposición mantuvieron fuertes cruces por sus diferencias políticas pero coincidieron en la intención de acelerar la emisión de dictamen, aunque con criterios distintos.

Los principales puntos de la ley que ya tiene media sanción en Diputados

La modificación de la Ley 27.551 que llega con media sanción de Diputados, la cual la oposición logró imponer dos semanas atrás con una mayoría ajustada de votos, propone reducir a dos años la duración de los contratos, con indexación cuatrimestral de los precios (hasta tres actualizaciones por año).

También deja liberado al acuerdo entre las partes el parámetro que se tome para efectuar esos ajustes, pudiendo elegir a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o una combinación de dichos índices.