“Se te terminaron los amigos en la Policía." “Te vamos a juntar con tu papito.” “Vas a morir.” Los mensajes, escritos en diferentes letras con fibra negra sobre hojas blancas, aparecieron en puerta de entrada de la casa de Fernando Albareda, en Córdoba Capital, el viernes, colgados de seis balas calibre 22 largo. El padre de Fernando era policía y miitante del ERP. Fue secuestrado durante la última dictadura cívico militar y está desaparecido. Fernando, que militó en a regional de H.I.J.O.S. de esa provincia, que es trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que estuvo dando charlas sobre derechos humanos a policías en formación durante todo el último año, cree que las amenazas tienen que ver con esa militancia que emprendió en el último tiempo. Mientras la Justicia investiga sobre posibles responsables y los repudios no paran de llegar –el gobernador entrante Martín Llaryora reaccionó tempranamente–, no duda en vincular el episodio a la llegada del negacionismo al poder con Javier Milei y Victoria Villarruel: “Se ve que quienes no estaban de acuerdo con que el hijo de un 'subversivo' charlara sobre el terrorismo de Estado con los policías se sienten habilitados para ponerle fin a eso. “No lo van a lograr”, subrayó en diálogo con Página|12. 

La grave amenaza se suma en Córdoba a oto episodio de violencia: el ataque a Radio Nacional Córdoba, cuya sede fue vandalizada por un joven que rompió los vidrios de la entrada. El episodio también fue vinculado a la escalada de violencia y ampliamente repudiado. 

Amenazados

Las amenazas a Albareda fueron halladas por su compañera, temprano en la mañana, cuando salía para el trabajo. “Nosotros estábamos en casa con mi hijo menor, yo ya me había despertado, él todavía estaba en la cama. Mi esposa entró muy afectada, sobre todo por las balas”, reconstruyó. A él también le afectó eso mismo. La investigación judicial, caratulada como "amenazas calificadas", quedó a cargo de la Fiscalía Distrito 4 Turno 3 de la ciudad, que impuso una custodia en la puerta de la vivienda y ofreció custodia personal para todes les integrantes de la familia.

“Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, recordó. Convivió con aquellas intimidaciones durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro y la desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos exmiembros del D2. “Nos metimos en el nido de víboras de la Policía de Córdoba, el temible D2”, repasa ahora. Pero esta amenza cobra otro tenor. Las balas y el tipo de mensaje le hacen presumir que “esto viene de un lugar mucho más cercano de lo que podía imaginar. Viene de la Policía”.

Una historia familiar

Ricardo Fermín Albareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia. Uniformado, fue llevado al centro clandestino conocido como “Embudo”, que funcionó a metros del Dique San Roque. El titular del D2, Raúl Telledín y miembros de la patota de ese campo de concentración Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí, Albareda fue salvajemente golpeado y torturado –fue castrado–. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce.

Trabajador del área vinculada a la población migrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a principios de 2023 Albareda hijo encaró la reparación de legajo policía de su papá, amparado en la reciente ley provincial sobre reparación histórica de legajos de empleados públicos. “Presenté los escritos, busqué toda la documentación, hice las notas, notifiqué a la Policía, al gobernador, al ministro de Seguridad”. Insólitamente, la Policía se portó excelentemente bien. Reconocen el secuestro, las torturas y la desaparición de mi padre en el escrito que enviaron como parte de la reparación de llegajo”, apuntó.

En el marco de ese tiempo de diálogo, el subjefe policial, Ariel Lecrerc, lo invitó a participar de charlas sobre derechos humanos con cadetes de primer, segundo y tercer año en la formación de la fuerza. “Esas charlas el año que viene iban camino a convertirse en clases. Pero se ve que hemos tocado la fibras de alguien que no quiere que esto suceda y que encontró en este tiempo de negacionismo en boga, la posibilidad de evitarlo”, reflexiona ahora. “Se trata de gente que evidentemente se siente agraviada teniendo al hijo de un 'subversivo guerrillero' trabajando en la Policía de la provincia, y bueno, con la llegada de los nuevos tiempos se siente habilitada a amenazar”, completó.

No obstante, señaló que la “reacción de repudio inmediata y generalizada” frente a las amenazas recibidas, entre las que destacó la de las autoridades policiales, el gobernador entrante y parte de su gabinete –Juan Pablo Quinteros, inminente ministro de Gobierno y Seguridad cordobés, lo citó para una reunión esta semana—y de organismos y compañeres de la militancia de derechos humanos. “Empezaron a amedrentarnos y van a seguir haciéndolo porque el plan de ajuste que esperan aplicar no será posible sin represión. Deberemos cuidarnos entre todos y resistir”, concluyó.