Pese a toda la polémica y reclamos de las organizaciones de Derechos Humanos, el Gobierno habilitó el uso de las neo picanas para las fuerzas de seguridad.

Es que con la firma de la ministra de (in) Seguridad, Patricia Bullrich, se permitió el equipamiento de las pistolas eléctricas.

En enero de este año, cuando el Gobierno anunció la compra de este tipo de equipamiento, el CELS presentó un pedido de informedonde menciona que: “Las Taser son presentadas como un ‘arma menos letal’, pero la experiencia internacional demuestra que justamente esa categorización conduce a usos indiscriminados porque los funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos restricciones que a las armas letales”.

Al respecto, indicaron que “en el contexto en el que el gobierno nacional procura debilitar cualquier tipo de control de la actuación policial y ampliar el número de situaciones en las que pueden utilizar sus armas, no parecen estar dadas las condiciones para que las Taser resulten una herramienta de reducción de la letalidad. Antes que discutir la incorporación de más armas, lo que debería estar en discusión es el modelo integral de uso de la fuerza de las policías. En un modelo que promueve el uso excesivo de la fuerza, cualquier arma puede ser un problema, aun las ‘menos letales’”.