La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos había quedado en el centro de la escena al proponer que el Estado se quede con acciones de las empresas privadas como contraprestación por ayudarlas a pagar los sueldos durante la pandemia. Si bien el oficialismo le bajó el tono a esa propuesta, el anuncio de la intervención y expropiación de Vicentin la volvió a ubicar bajo los reflectores. "Es una decisión estratégica que tomó el Estado", afirmó este martes, en Sólo una vuelta más (TN).

"Se garantizó un aspecto fundamental que debería primar en cualquier intervención que se decidiera sobre la empresa, que tiene que ver con resguardar las fuentes de trabajo y también a los más de 2500 productores que están en la provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos", explicó.

Consultada sobre la relación de la decisión del Gobierno y la propuesta que ella misma había hecho semanas atrás, la diputada sostuvo: "Me parece que es una decisión clara y que tiene que ver con este grupo económico específico sobre el que estamos hablando".

"Si hay algún punto en común entre la idea que yo en su momento expresé y esta decisión, probablemente podría pensarse que es el reconocimiento de que el mercado, sobre todo en determinadas circunstancias, por sí solo no puede garantizar de manera plena todos los derechos de la ciudadanía. El estado puede jugar un rol allí", afirmó.

La economista dijo que no estaba al tanto de la decisión del Gobierno antes de este lunes y manifestó que la alegró la noticia. "Es un tema que nos preocupaba antes del coronavirus. El grupo atravesaba una situación complicada", aseguró.

Ante la pregunta de si el Estado estaría tomando una deuda privada con la intervención del Grupo Vicentin, Vallejos dijo: "Hay que esperar que llegue el proyecto, hay que estudiar sus características. Obviamente en un proyecto de expropiación se contemplan tanto las deudas, los pasivos de la empresa y los activos".

En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1350 millones, de los cuales unos US$ 1000 millones es con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

"La empresa tiene activos y pasivos y, quien se hace cargo de la empresa, considera ambas cuestiones. Eso se verá reflejado en el proyecto de expropiación", explicó la economista.

Vallejos hizo hincapié en que la decisión del Gobierno "es estratégica para el Estado por lo que representa Vicentin como grupo económico". "Es una decisión que le permite al Estado intervenir en lo que tiene que ver con la provisión de alimentos. Hay bienes que no pueden quedar a la deriva de la lógica del mercado", dijo.

"El proyecto se va a debatir donde corresponde, que es el Congreso. Celebro que podamos debatirlo", manifestó la diputada.

Por último, aseguró: "La posibilidad de que el Estado tenga una gestión dentro del mercado a través de una empresa testigo con gran peso le va a permitir disponer de una herramienta de la que hoy no dispone de manera directa".

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