En el marco de la causa que investiga la presunta venta direccionada y a precio vil de las centrales térmicas “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, la primera adjudicada a la empresa Central Puerto SA y la segunda, a la empresa CT Barragán SA -constituida por Pampa Energía e YPF-, el juez Sebastián Casanello citó a indagatoria para el mes de noviembre a diferentes ex funcionarios tras el pedido del fiscal Ramiro González.

Según entendió el magistrado, se han acreditado los requisitos para el llamado a declarar en calidad de imputados, para que ejerzan su derecho de defensa. Javier Iguacel (ex ministro de Energía de la Nación, desde junio de 2018, luego secretario de Energía hasta diciembre de 2018), deberá presentarse el 11 de noviembre, mientras que Gustavo Lopetegui (ex secretario de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación, desde diciembre de 2018 hasta 2019), fue citado para el 12 de noviembre. 

Según la denuncia que dio origen a la causa, los hechos tuvieron lugar, entre los años 2017 y 2019, en el seno de la administración de la empresa INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA SA (IEASA ex ENARSA), entonces titular de las centrales térmicas y administradora de sus activos. 

Mediante el Decreto PEN nro. 882/17 se había instruido al Ministerio de Energía y Minería de la Nación (luego Secretaría de Energía), para que procediera a la fusión de ENARSA y EBISA, luego de lo cual pasarían a denominarse IEASA. en el art. 6 del mismo decreto se ordenó la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de los activos de las centrales “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”.

Según el actual presidente de IEASA, querellante, la transferencia de las centrales estuvo precedida de modificaciones a los pliegos que esmerilaron el activo y patrimonio del Estado sin ningún tipo de causa o justificación.

“Los acusadores –público y privado- afirmaron que ese perjuicio para el Estado Nacional (estimado por la Fiscalía en $ 12.407.024.000 al 2018) lo constituyen el hecho de haber vendido las centrales térmicas en condiciones económicas y financieras absolutamente desfavorables; en haberle restado un ingreso legítimo a IEASA proveniente de la generación de energía eléctrica; y, a la vez, en haberle otorgado facilidades y ventajas injustificadas a los adquirentes.”

Casanello además decretó la inhibición de bienes de todos los imputados y requirió a IEASA que en el plazo de 5 días hábiles confeccione y remita un informe que responda sobre el estado de las obras de cierre de ciclo de las centrales térmicas “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, la fecha de terminación y el grado de avance de certificación, si se encuentran en operación comercial por CAMMESA y cuál es su capacidad de funcionamiento actual.