Los gendarmes argentinos que integraron el primer comando Alacrán desplegado en Bolivia en 2019 tras el golpe de Estado contra Evo Morales confirmaron que el avión en el que viajaban transportaba municiones que terminaron en manos de la Fuerza Aérea y de la Policía del país vecino. En el expediente se encuentran imputados varios funcionarios, entre ellos el expresidente Mauricio Macri.

En esta investigación se busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos para ser usadas en la represión a los manifestantes del Movimiento al Socialismo que se oponían al golpe.

En la primeras dos rondas testimoniales los gendarmes confirmaron que no utilizaron las municiones trasladadas a Bolivia y que no realizaron prácticas de tiro, por lo que desacreditaron la hipótesis de que ese podría haber sido el motivo por el cual el material represivo no regresó a la Argentina.

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto; por lo que aún espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los denunciantes.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

"Las declaraciones de los gendarmes, a los que seguramente Macri, Bullrich y compañía pronto comenzaran a acusar también de 'cuentapropistas', confirman lo evidente: el contrabando de armamento para apoyar el golpe de Estado en Bolivia fue una decisión ordenada por las máximas autoridades del gobierno anterior", declaró el ministro de Justicia, Martín Soria, a Página/12.

"Sólo una orden presidencial puede generar semejante coordinación en una maniobra ilegal que comprometió a la Gendarmería, la Fuerza Aérea, la Cancillería y varios ministerios", añadió el funcionario.

"A diez meses del descubrimiento de la colaboración que el gobierno de Macri prestó a las fuerzas golpistas en Bolivia, hoy en el expediente tenemos el contrabando agravado más acreditado de nuestra historia judicial. Cuando presentamos la denuncia allá por julio de 2021 teníamos indicios y sospechas: hoy ya hay pruebas directas contra los responsables", sostuvo Soria.