La abogada Valeria Carreras, quien representa a familiares de la tripulación del ARA San Juan que fueron espiados durante el gobierno de Mauricio Macri, reclamó que se aparte al juez de Casación Mariano Borinsky del caso en que se investiga si esas tareas de inteligencia fueron ilegales. Borinsky fue recientemente nombrado para integrar la sala que debe revisar la causa en la máxima instancia penal del país. Concretamente debe revisar el sobreseimiento de Macri y los jefes de la AFI macrista que se decretó en Comodoro Py. Como reveló El Destape tras un pedido de acceso a la información pública, Borinsky visitó a Macri en la quinta residencial de Olivos al menos en 16 ocasiones durante el gobierno de Cambiemos.

El expresidente es parte interesada en este expediente en que se investiga el espionaje sobre los familiares de la tripulación del submarino hundido, por eso la querella teme por la imparcialidad de Borinsky. El juez de primera instancia Martín Bava, que tuvo el caso cuando tramitó en los tribunales de Dolores, procesó a Macri tras considerarlo responsable del espionaje ilegal que se hizo desde la AFI sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan cuando estos acudían ante el jefe de Estado para pedirle explicaciones por lo sucedido. Luego, el exmandatario fue beneficiado por la Cámara Federal porteña cuando la causa pasó a Comodoro Py. Los tres jueces que nombró Macri en ese tribunal legitimaron las tareas de inteligencia con la insólita excusa de que se estaba cuidando la seguridad presidencial y la del país.

La recusación


Borinsky fue designado recientemente para intervenir en la causa en reemplazo del camarista Alejando Slokar, que es uno de los pocos jueces de la Cámara Federal de Casación que no se alinea con los intereses del macrismo y fue desplazado del expediente a pedido de las defensas de Macri y de los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Este lunes, la abogada Carreras, que representa a la querella mayoritaria del caso, recusó a Borinsky “toda vez que su designación para integrar la presente Sala pone en crisis y afecta los derechos, principios y garantías de ser oídos por juez imparcial”. La letrada citó la investigación de El Destape que reveló que Macri se reunía en secreto con jueces y fiscales en la Quinta de Olivos, entre los que se destacaba Borinsky.

“Para las familias que represento en esta querella, no puede haber la más mínima duda sobre el resultado en esta causa de espionaje, donde fueron doblemente víctimas, porque un fallo dictado por jueces cuestionados, sería volver a victimizarlas. Víctimas al ser espiadas durante un año, mientras atravesaban el dolor por la falta de sus seres amados y la incertidumbre, y falta de verdad sobre lo que había pasado con el Submarino ARA SAN JUAN. Después fueron víctimas del Estado cuando se las investigo, se las siguió, se las fotografío, se las identificó, se las espió a través de AFI por un año Incluyendo borrado de celulares”, expresó la abogada Carreras en un escrito de 29 páginas al que accedió El Destape.

La letrada recordó que la Cámara Federal porteña, en una resolución del 15 de julio del año pasado, con el voto de tres jueces designados por Macri, “justificó las tareas de inteligencia” que se realizó sobre sus representadas “en base a la peligrosidad que estas mujeres familiares de tripulantes, habrían representado para la seguridad del Presidente de la Nación y / o para la Seguridad Interior de la Nación”. Los jueces que firmaron esa sentencia con la que se sobreseyó al expresidente fueron Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los dos primeros designados a dedo por Macri en la instancia revisora de Comodoro Py.

“Negar el apartamiento del DR. MARIANO HERNAN BORINSKY, causaría un nuevo gravamen irreparable en las familias que represento, al constatar que no son iguales ante la ley que no se respetaron nuevamente sus derechos constitucionales, ya vulnerados en forma reiterada”, sostuvo Carreras.

La abogada citó el artículo 55 del Código Procesal Penal que establece que un juez debe inhibirse de intervenir en un caso si “tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”. No solo las planillas que reveló El Destape dan cuenta que Borinsky y Macri se reunían en la Quinta de Olivos. Los propios protagonistas, es decir el camarista y Macri, reconocieron que jugaban al tenis y al pádel juntos.  Borinsky en diálogo con este portal y el expresidente en una entrevista con TN.

Según explica Carreras, la designación de Borinsky “genera en esta querella por muestras de amistad manifiesta con el imputado Ex Presidente Macri, temor de parcialidad, haciendo peligrar la chance de obtener un fallo que no deje impune el espionaje ilegal que padecieron”.

A lo largo de su escrito, la abogada no sólo cita el trabajo que se hizo en este medio sino que también realiza una línea de tiempo con todas las visitas de Borinsky y las compara con los problemas de salud que tuvo Macri para concluir que “es tan personal y tan ajena la relación a temas protocolares, que los lapsos en que no se verifican ingresos a Olivos, son coincidentes con las afecciones de salud del ex Presidente Macri”.

“Al ver la constancia, la frecuencia, la reiteración de personas horarios y motivos informados por la planilla de la Casa Militar, a la Residencia de Olivos, puede advertirse que estamos frente a una amistad, a un vínculo personal, donde se comparten al menos los deportes”, sostiene la abogada querellante. Luego aclara que “no será esta querella, quien ‘adivine los temas de conversación’ entre el Juez Mariano Borinsky y el ex Presidente M Macri” pero asegura “que no se trata de un detalle menor la cantidad de visitas registradas”. “La amistad es innegable, encuadrable en la prevista por el art 55 inc. 11 del CPPN”, afirmó Carreras.

La letrada también recordó que la jueza Ángela Ledesma –que debe resolver con su par Guillermo Yacobucci si hace lugar a la recusación- cuando se conocieron las visitas de Borinsky y Gustavo Hornos a Macri “formuló un pedido de intervención a la Comisión Iberoamericana de Jueces, ello debido a lo grave de la situación ventilada públicamente” respecto a sus dos colegas de Casación. “La Comisión se expidió recomendando EVITAR este tipo de contactos”, rememoró Carreras. Entre otras cosas, ese organismos aconsejó “a los jueces extremar una especial precaución en todo tipo de actos o reuniones, no solo públicas sino también y de manera especial privadas” por lo que “solo resultarían admisibles éticamente las reuniones públicas y de carácter protocolario, desprovistas de cualquier significación política partidaria, resultando absolutamente desaconsejables todo tipo de reuniones de jueces y políticos, públicas o privadas”.

Macri y el espionaje al ARA San Juan

La Cámara de Casación debe resolver si confirma el fallo de la Cámara Federal porteña que benefició a Macri cuando la causa pasó a Comodoro Py o hace lugar a lo que reclama la querella, cuyo planteo ya fue respaldado por el juez de primera instancia de Dolores Martin Bava.

En diciembre de 2021, el juez Bava consideró que “se encuentra acreditado en autos que, por lo menos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 el imputado Mauricio Macri, desde su rol de Presidente de la República Argentina, posibilitó la realización de las tareas ilegales, generó las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenó parte de ese producido y utilizó esa información de inteligencia ilegal realizada desde la Delegación Provincial Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia sobre el colectivo de familiares de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados 'Rigel' y 'El Repunte' y, en particular, del submarino ARA San Juan”. Por esto procesó a Macri.

De acuerdo a Bava, las tareas ilegales de inteligencia y los informes que realizó la AFI con ese material “fueron producidas para el conocimiento del imputado”, es decir, Macri. “Las mismas tenían por objeto informar los movimientos que llevaron adelante las víctimas en el marco de los reclamos que realizaban contra su gestión de gobierno como consecuencia del hundimiento del submarino”, señaló el juez.

Los hechos que se le imputan a Macri fueron seis. El juez hizo un análisis sobre esos hechos y la documentación que confeccionó la AFI, que fue hallada en la base que la exSIDE tiene en Mar del Plata. Esa documentación fue la que se pudo rescatar de la destrucción de archivos que llevó adelante el exjefe de esa dependencia, el agente Nicolás Iuspa Benítez. El juez dedicó más de un párrafo a esa destrucción de archivos, que abarcó “casualmente” al material elaborado durante el macrismo. “La ilegalidad de los documentos producidos por la Delegación de Mar del Plata fue de tal magnitud que llevó al jefe de la Delegación, Iuspa Benítez, a destruir toda la documentación que allí obraba desde el mes de diciembre del año 2015” a enero del 2020.

Los hechos imputados a Macri fueron los siguientes:

  • Hecho 1: seguimientos coordinados el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino, a familiares y confección de informes de inteligencia.
  • Hecho 2: el 3 de febrero de 2018, agentes espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero siguiente.
  • Hecho 3: Una semana después se hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.
  • Hecho 4: El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata. Y se elaboran informes de inteligencia con ese material.
  • Hecho 5: en el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata.
  • Hecho 6: diez casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia.

El juez Bava hizo especial hincapié en los hechos 2, 3 y en el 4.

No obstante, el caso tuvo un giro de 180º cuando pasó de los tribunales de Dolores a Comodoro Py. Entonces, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, los 3 nombrados por Macri en la cámara porteña, legitimaron esas tareas con la excusa de que se estaba cuidando la seguridad presidencial y la del país. Y sobreseyeron a Macri, Arribas y Majdalani.¿Qué riesgo podía implicar un grupo de familiares que sólo pedía respuestas por la desaparición de sus hijos? Evidentemente, ninguno. Basta repasar las distintas causas que hay sobre el espionaje ilegal que practicó la AFI macrista para comprender que lo resuelto por la cámara porteña carece de respaldo lógico.