Las audiencias del juicio oral por la causa Oil Combustibles se retomaron ayer, vía virtual, tras un impasse de más de cuatro meses por la pandemia. Presente en Comodoro Py ante el presidente del Tribunal Oral Federal N°3, declaró Héctor Daniel González síndico, y presidente de la comisión fiscalizadora de la petrolera entre 2014 y 2017.

Todos a través de ventanitas de Zoom asistieron al testimonio solicitado por la defensa, que reiteró que los estados contables de la compañía registraban fehacientemente la situación patrimonial de la empresa, los resultados de sus operaciones, el flujo de dinero y que reflejaban la deuda tributaria que estaba regularizada en planes de pago de la AFIP.

Así, se replicó una constante en el juicio: todos los testigos que se sientan ante el estrado han afirmado que no había deuda por Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC) exigible a diciembre de 2015 y que los planes de pago a la AFIP estaban vigentes.

Las preguntas giraron en torno a las observaciones que el órgano de fiscalización analizó en los balances de 2014, 2015 y 2016 –de los cuales afirmó jamás haber recibido presión o indicación alguna- del directorio y de los accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa, que también asistieron a la audiencia vía remota, y donde se exhibieron documentos digitalizados de la petrolera.

Destacó que obraba con plan de trabajo definido de manera unánime por los miembros del cuerpo de síndicos, y que combinaban tareas de control y análisis con los auditores externos, donde estaba la firma Deloitte.

Y recordó que en febrero de 2016 -ya con Alberto Abad en la gestión de Cambiemos en AFIP- habían adherido a la totalidad de posiciones por el ITC en plan de pagos regular. Pero que a partir de allí se sucedieron una serie de resoluciones específicas del órgano recaudador que empezaron a bloquear la posibilidad de planes de pago para la empresa, sumado a notas periodísticas que alteraron la normal operatoria, y embargos que congelaron fondos que “no correspondían”. “¿Cree que la AFIP se ha comportado como un acreedor hostil?”, preguntó uno de los abogados de la defensa. “A consecuencia de las resoluciones generales que fue sacando AFIP y ciertos comportamientos me llevan a pensar que sí. Se comportó de manera hostil. De hecho, nunca vi una acción tendiente a cobrar el crédito”, afirmó González.

De hecho, y aunque excede el marco del juicio, explicó que en el cierre de los estados contables de junio de 2016, la comisión fiscalizadora se abstuvo de emitir opinión, ya que a su criterio estaba en duda el concepto de “empresa en marcha” de Oil y que había un estado de “incertidumbre” fruto de las disposiciones de AFIP que iban excluyendo, en particular, a la empresa e impidiendo que pueda abrir su concurso de acreedores.

Eso se sumó a notas periodísticas, al embate político y a la intervención de órganos judiciales y veedurías que alteraron el giro de negocios habitual. Asistieron los abogados de la defensa Carlos Beraldi y León Arslanian cuya presencia despertaba expectativas en el juicio al ser ambos integrantes del Consejo Consultivo que asesorará al presidente Alberto Fernández en reformas judiciales.

“La empresa era parte integrante de grupo económico. Existían créditos cuya probabilidad de devolución o de pago dependía de que fueran exitosos los planes de negocio de cada uno”, indicó sobre los préstamos intercompañías, uno de los ítems que más interesaron al a fiscalía y a las querellas.

Las preguntas del fiscal Juan García Elorrio se centraron en si había visto la documentación de esos préstamos entre otras empresas del grupo, algo que contestó afirmativamente diciendo que todos tenían condiciones de devolución y tasa de interés. Esa condición va a contramano de uno de los puntos que la hipótesis de la instrucción de la causa intentaba sostener como irregulares, afirmando que no existían tales requisitos.

“En junio de 2016, Oil se capitaliza convirtiendo en acciones los pasivos de esos préstamos. No conozco que haya ninguna norma que impida capitalizar un pasivo en estas condiciones”, indicó el testigo. “¿El patrimonio de Oil permitía responder por la deuda en planes de pago?”, fue otra de las preguntas a González. “Sí, pero más que el patrimonio el giro comercial lo permitía, y estaba cumpliendo”, respondió. “¿Tener un plan de pago vigente impide que se preste dinero a terceros o que compre acciones?”, se inquirió. “No, nunca vi una restricción de esa naturaleza”, dijo el testigo.

González respondió otras de las observaciones que quedaron plasmadas en los estados contables sobre el “capital negativo de trabajo” que tenía Oil y puso como ejemplo que compañías de mayor envergadura como YPF, o el supermercadismo operan con esa misma calificación, lo que no impide el desarrollo de sus negocios.

El abogado de López, por su parte preguntó si durante el segundo semestre de 2016 hubo “propuestas de compra de Oil”. Fue afirmativa: “hubo de Trafigura (multinacional de energía) y hacia fines de octubre de Gunvor, que fue la más conveniente. Hubo una reunión de directorio y se optó por aceptar esa propuesta que rondaba los u$s 400 millones”. A esa altura, las trabas de AFIP y de la causa judicial volvieron a sabotear esa vía de salvataje.

Fuente: Ambito