El gobierno amplió la denuncia contra jueces, ejecutivos de Clarín y funcionarios porteños por el viaje a Lago Escondido

El gobierno nacional amplió este lunes la denuncia contra los jueces, ejecutivos de Clarín y funcionarios porteños que viajaron a la mansión de Lewis en Lago Escondido, en lo que se conoció como el vuelo del Lawfare. Por ese viaje se abrió una causa en la justicia federal de Bariloche donde se imputó a los 10 acusados. El caso pasó recientemente a Comodoro Py.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, había denunciado los hechos el 7 de diciembre pasado. Este lunes realizó una ampliación por lo que consideró fueron “hechos nuevos” que se conocieron en el último tiempo. El funcionario nacional destacó:
Las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín dictadas por el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials con posterioridad al viaje a Lago Escondido. Para Soria “existen sospechas suficientes para investigar la conducta” de este juez, “quien sugerentemente, luego de disfrutar del objetable viaje a Lago Escondido, intervino –sin excusarse- y falló en forma favorable a los intereses de uno de los grupos empresariales aquí investigados. 

• La decisión coordinada de los integrantes del vuelo de ocultar el carácter de dádivas de los regalos y beneficios recibidos. El ministro retomó lo publicado en distintos medios de comunicación donde se informó que “los magistrados habrían reconocido ser beneficiados por este viaje sin tener que haber abonado nada por el servicio de lujo que recibieron”. En la misma línea, agregó que “las publicaciones sugieren que, cuando este tomó estado público, habrían empezado a orquestar movimientos para crear una ficción de pagos, y hasta habrían recurrido a fraguar documentación, con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a actos que son manifiestamente ilegales”. 
• La intención de los funcionarios de manipular medios de comunicación y periodistas para ocultar su accionar ilícito. Soria resaltó que “las maniobras denunciadas darían cuenta del interés de la mencionada comitiva por ocultar los rastros de la comisión de los delitos perpetrados”.

Para el ministro de Justicia de la Nación estos hechos “al igual que los originariamente denunciados, destierran la defensa esgrimida en medios de comunicación por algunos de los personajes involucrados, que sólo atinaron a hablar de un supuesto ‘espionaje ilegal’, pese a tratarse de una causa cuyo cauce de investigación ha sido desde un primer momento totalmente independiente a las conversaciones difundidas por distintos medios de comunicación”.

Soria fue enfático: “En esta causa no se investigan ‘chats’, sino el viaje a Lago Escondido y sus implicancias penales, que han sido acreditados a través de medios incluso autónomos a esos famosos ‘chats’”.

Por esos medios autónomos, la Justicia federal de Bariloche imputó por el delito de dádivas y el de incumplimiento de deberes de funcionario público a los acusados.

¿Quiénes son los imputados?

• Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom Argentina. Según se desprende de los chats financiaron el viaje –que se extendió del 13 al 15 de octubre pasado- y organizaron el grupo. Es decir, se los investiga por pagar la dádiva.

Los beneficiarios de la invitación fueron:

• El juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, representa a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa.
• Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y Fiscal General porteño. En el grupo se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros y conseguir las facturas.
• Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la estaratégica Cámara de Casación y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis.
• El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti.
• Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
• El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
• El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales y fue clave para el apartamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Llegó a tener más de 80 causas vinculadas al Grupo Clarín.
• Marcelo D'Alessandro, ahora exministro de Seguridad y Justicia porteño. Tuvo que renunciar por el escándalo de las filtraciones de su celular.

Soria sumó en su denuncia a Nicolás Van Ditmar, quien administra la mansión de Lewis en Lago Escondido.

El ministro también recordó que requirió se tenido por querellante y que si bien el planteo fue rechazado en primera instancia, apeló la decisión y la cámara aún no se expidió. Asoció esa demora a la intención de los involucrados de cerrar el caso con premura: “La llamativa demora en la resolución de este recurso obsta a la constitución de una parte ajena al propio sistema judicial aquí investigado, poniendo un manto de dudas sobre la legitimidad del presente proceso, que tras el traspaso de la causa a los juzgados federales de Comodoro Py, ahora será investigado y juzgado por los propios colegas de varios de los imputados”, se quejó Soria.

En su nueva presentación, el ministro pidió distintas medidas de prueba entre las que se destaca la citación de periodistas como testigos y el secuestro de los teléfonos de Ercolini, de los Mahiques (padre e hijo), de Cayssials, Yadarola, D’Alessandro, Rendo, Van Ditmar, Bergroth y de Reinke. También que “se solicite a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que realice un informe pericial sobre el contenido de los mismos a los fines de dilucidar si existió algún tipo de contacto e intercambios con los periodistas que se mencionan en virtud de los hechos que se describen en la ampliación de denuncia que antecede. Asimismo, la pericia deberá indicar si se ha efectuado modificación alguna, entiéndase suprimir o eliminar contenido o información en el aparato o los aparatos de telefonía que hayan sido secuestrados oportunamente”.

Las resoluciones de Cayssials a favor de Clarín

El Destape reveló que el juez Cayssials, quien está a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, tenía en su poder al menos 82 expedientes vinculados al holding que comanda Héctor Magnetto entre Telecom, Cablevisión, AGEA, Clarín, Papel Prensa y Artear. Todos son litigios contra el Estado. Este medio publicó que en 24 de esos expedientes hubo movimientos luego del viaje del juez Cayssials a Lago Escondido pagado por el Grupo Clarín.

Soria se hizo eco de esta y otras publicaciones sobre el rol de Cayssials y resaltó que el magistrado “intervino en causas sensibles con gran interés político como también en causas de alto perfil para los intereses del grupo Clarín”. “Entre estas últimas –añadió el ministro-, en los días posteriores a la conclusión del viaje y estadía en Lago Escondido, el Juez Cayssials benefició directamente a Telecom –empresa del Grupo Clarín-, lesionando directamente el patrimonio del Estado Nacional, mediante la declaración de la prescripción de una multa millonaria que el Estado Nacional había impuesto a dicha empresa en 2011”.

Pablo Casey, uno de los imputados y quien se cree que realizó la invitación, es director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom.

Soria también menciona que el 21 de octubre de 2022, “a menos de una semana de retornar del sur de nuestra Patria, los abogados de Clarín exigieron celeridad Cayssials a la hora de definir su competencia en la causa judicial en la que tramita una deuda de Papel Prensa con la AFIP, o si debía excusarse. Tan solo 7 días más tarde, haciendo honores a la rapidez reclamada por los abogados del grupo con los cuales el juez viaja y se encuentra en Lago Escondido, Cayssials estableció ‘la competencia del Juzgado para entender en las presentes actuaciones’, resolviendo justamente la situación pretendida por este grupo”. “Es decir, en menos de un mes, el Juez Cayssials benefició directamente a dos empresas emblema del Grupo Clarín: Papel Prensa y Telecom”, remarcó el ministro.

Una semana después de que las intervenciones de Cayssials se hicieran públicas el juez se excusó “en una de esas causas, admitiendo tácitamente la irregularidad de sus actuaciones previas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y, por lo tanto, el presunto delito ya se había configurado”. Por todo esto, el ministro reclamó que se investigue a este juez por su “patente beneficio a los promotores y financistas de la escapada a Lago Escondido”.

Al exponer el accionar del juez Cayssials, Soria recordó- tal como publicó El Destape- que el camarista Carlos Mahiques, actual Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, “benefició justamente, y tan solo un año atrás, al propietario de la finca de Lago Escondido, Joe Lewis, declarando la prescripción en una de las causas seguidas contra este. En dicha oportunidad, el fallo de Mahiques, favoreció su posesión en la estancia que –paradójicamente- terminó dando el lujoso hospedaje a la mentada comitiva”.

Algo similar realizó el juez Ercolini, “quien, en 2016, dictó un fallo por medio del cual sobreseyó a Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble en la causa Papel Prensa. Un fallo sobradamente cuestionado, que indudablemente benefició de forma manifiesta al Grupo Clarín y a sus principales figuras”.

Respecto a Ercolini, Soria resaltó que actuó al igual que Cayssials y también omitió inhibirse “en la causa penal en la que se investiga a otro de los partícipes del encuentro en Lago Escondido: el ex ministro, Marcelo D’Alessandro, por otra serie de contactos espurios, en este caso, con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti”.

Ocultar las dádivas

Soria se hizo eco de diversas publicaciones periodísticas donde se da cuenta de que los viajeros “habrían intentado ocultar de manera deliberada quienes fueron los benefactores que los habrían agasajado”. “Incluso, los periodistas manifiestan que podrían haber llegado al punto de cometer más acciones ilegales, como por ejemplo la falsificación de facturas, para hacer creer que el viaje no habría sido un regalo, sino que habría sido pagado todo de sus bolsillos”, añadió.

La referencia de Soria es a los artículos que dieron cuenta de la primera filtración de chats adjudicados al Telegram de Marcelo D’Alessandro. “Es fundamental destacar cómo los medios periodísticos reconocerían en Pablo Casey el rol de ‘financista’, no solo de los gastos del viaje, sino de los posibles gastos en que habría incurrido la comitiva para llevar a cabo las medidas necesarias para encubrir el mismo”, señaló Soria.

Manipular medios y periodistas

“Otro hecho que corrobora la veracidad de la denuncia original es el intento de manipulación -por parte de los sindicados- de periodistas y de medios de comunicación para establecer versiones de los hechos que hicieran parecer a las acciones delictivas llevadas adelante por la comitiva como carentes de ilegalidad”, escribió el ministro de Justicia en la ampliación de denuncia.

Soria describió “la unificación del relato y cómo instalarlo en los medios” y “la utilización de periodistas para dar forma a su versión del viaje”.

Entre otras cosas, el ministro menciona las notas periodísticas que “destacan el rol de uno de los directivos de Clarín el cual habría solicitado al juez Ercolini que hablara con una periodista de La Nación a fin de manipular la historia que pudiera publicar ese medio. El objetivo era sacar el foco sobre la naturaleza del viaje y la gravedad del mismo”. La referencia es a la periodista Paz Rodríguez Niell, quien confirmó que fue contactada por Ercolini.

El ministro también se hizo eco de una entrevista que se le realizó al periodista Raúl “Tuny” Kollmann, quien en declaraciones radiales contó que le preguntó a D’Alessandro por el viaje y el entonces funcionario porteño “le habría manifestado en varias oportunidades que el viaje jamás había existido.”

“Resulta patente la existencia de un plan entre los denunciados, con un objetivo común: ocultar tanto las razones del vuelo a Lago Escondido, como los participantes de la reunión y el financiamiento de la ‘aventura’”, aseguró Soria. Ese plan, señaló el ministro nacional, buscó “instalar una versión en los medios que les permitiera procurar su impunidad frente a los delitos cometidos, haciendo uso del poder del que gozan en razón de sus respectivos cargos. Ese plan de impunidad evidencia la existencia y el conocimiento doloso (por parte de los propios imputados) de los hechos delictivos originariamente denunciados”.  

“En pocas palabras –concluyó Soria-, podríamos decir que este dispositivo de impunidad que se habría desarrollado desde el 17 de octubre -desde los exactos instantes previos a hacer público el formulario de Vuelo Nro. 26917– cumple con la máxima acuñada por el Grupo Clarín, del cual Jorge Rendo es actual director: La realidad se puede tapar o hacer tapa. Definitivamente el CEO de Clarín, los jueces federales y el resto de la comitiva decidieron tapar la realidad, para procurar su propia protección”.

Fuente: El Destape