El abogado Carlos Beraldi solicitó a la jueza María Servini que prohíba la salida del país e inhiba los bienes de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, luego de que se conociera el entrecruzamiento de llamados del operador judicial del macrismo, que demuestran la correlación de sus comunicaciones con los hechos vinculados a la persecución del Grupo Indalo y sus accionistas desde el 25 de octubre de 2015.

En un escrito fundado a los largo de 19 carillas, el abogado de Fabián De Sousa indica sustenta el pedido en la “verosimilitud” de los hechos investigados que conllevarían a una eventual condena de “cumplimiento efectivo” y a las posibilidades de que "Pepín" pueda entorpecer el avance de la causa teniendo en cuenta que formaba parte de la “mesa judicial” del macrismo que ejercían presiones sobre jueces y fiscales.

Beraldi relata de manera pormenorizada la cronología de la extorsión a la que fue sometido el consorcio empresarios y sus dueños por no aceptar la exigencia de Mauricio Macri de cambiar la línea editorial de los medios del grupo para “destruir la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y, de tal manera, que ésta pudiera terminar presa”.

“A comienzos del año 2016, el imputado Rodríguez Simón, quien como es de público conocimiento mantiene desde hace muchos años una estrecha relación con Mauricio Macri, continuó con los aprietes en contra de Cristóbal López”, relata Beraldi.

Además cuenta que en una reunión con Federico De Achával, socio de López en las empresas del juego, "Pepín" se presentó diciendo “yo soy Macri”, y advirtió que “desplegarían todas las posibilidades del gobierno para tomar medidas y también lo complementarían con un ataque mediático o difusión de situación mediáticamente en detrimento de las empresas y personas”.

“En otras palabras, se trataba de una verdadera extorsión, en la cual el imputado Rodríguez Simón, haciendo alarde de sus conexiones con el poder político de turno, quería imponerles a sus interlocutores que estos desarrollaran determinadas conductas bajo la amenaza de sufrir un daño grave e inminente”, enfatizó en el escrito presentado ante Servini.

Después de relatar otras reuniones en donde "Pepín" siguió con la “extorsión”, Beraldi sostiene que “hay cosas todavía más graves” y subraya que “también habrá que determinar de qué manera Fabián Rodríguez Simón y sus cómplices influyeron en el dictado de las decisiones judiciales tomadas en contra de las empresas del Grupo Indalo y sus accionistas, entre ellas, las que derivaron en la quiebra de Oil Combustibles S.A. y, de manera muy particular, la prisión preventiva dictada sobre López y De Sousa a partir de un hecho absolutamente falso, tal como quedó demostrado en este mismo fuero en el marco de la causa N° 20.509/2017”.

En esa línea, Berladi agrega que “más allá del cambio de gobierno, no se tiene certeza de que los integrantes de esa otrora mesa judicial hayan perdido su capacidad de interferir en la marcha normal de las causas judiciales”. “Ello también pone en evidencia los riesgos procesales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la presente solicitud”, indica el escrito.

En cuanto a la inhibición de bienes, Beraldi indica que “también resulta imprescindible asegurar una eventual reparación de los daños y perjuicios que han ocasionado las graves conductas prima facie delictivas aquí investigadas”.