El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad evitó hablar este jueves sobre las facilidades de pago y la deuda de Oil Combustibles, amparándose en otra causa en la que está imputado por supuestos aprietes a los dueños del Grupo Indalo. Sin embargo, ratificó su posición en contra del otorgamiento de los planes especiales estipulados en el artículo 32 de la ley de procedimiento tributario, porque según su criterio "afectan el principio de publicidad". "Yo opté por no darlos porque no tienen el grado de publicidad que tienen que tener", aclaró un limitado Abad a la hora de responder.

Abad, de 75 años, pidió no contestar nada relacionado sobre su segunda gestión en la AFIP durante el gobierno de Macri. "No me pregunte porque no le voy a poder contestar ninguna". "No corresponde", le asestó en más de alguna oportunidad al fiscal Juan Patricio García Elorrio que intentaba preguntar sobre temas puntuales sobre los que Abad aclaró que no podía responder.

Dijo, por ejemplo, "no tener idea" sobre cuál era la actividad de Oil.

A otras preguntas puntuales sobre la ley de Procedimiento tributario, irónico respondió "tendría que tener una computadora en la cabeza".

Por primera vez, un mismo juicio reunió a tres ex jefes de la AFIP: Abad, Leandro Cuccioli que aguardaba en una sala contigua para declarar como testigo y en el banquillo a Ricardo Echegaray.

Por caso, en su indagatoria Echegaray dijo que "Abad entró al quirófano jurídico de la AFIP con la motosierra y le dieron ropaje jurídico al objetivo de arrebatar las empresas del Grupo Indalo". Pero sobre esto logró evitar hablar el testigo.

Abad declaró este jueves en el juicio que se le sigue a Cristóbal López, a Fabián De Sousa y al ex titular del organismo Echegaray por el supuesto otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en favor de Oil Combustibles.

Mientras Abad declaraba, en una sala contigua aguardaba Cuccioli, que también está imputado en otra causa por los supuestos aprietes de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri a los dueños de C5N para obligarlos a cambiar su línea periodística y lograr la detención de Cristina Kirchner.

Uno de los temas que se intentó abordar fue el del famoso artículo 32 de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Nacional que sostiene que la AFIP tiene la facultad de "conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones".

Ese artículo es al que se acogió el Grupo Indalo para regularizar la deuda impositiva apelando a la normativa legal vigente. Sin embargo, la AFIP de Macri denunció el presunto delinto de insolvencia fiscal fraudulenta, a pesar de que se trató de un plan de pagos de vigencia legal al momento de su adhesión y que estaba reglado por la propia administración tributaria.

Abad fue director Ejecutivo de la AFIP entre 2002 y 2008, y nuevamente entre diciembre de 2015 y marzo de 2018 tras ser designado por el presidente Mauricio Macri. Sobre su último período pidió no responder preguntas ya que podría autoincriminarse por la imputación en la causa que tramita la jueza María Servini en la que están acusados varios ex funcionarios macristas, entre ellos otro ex titular de la AFIP Leandro Cuccioli.

Fuente: Minuto Uno

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