Con una auditoría oficial que declaró “ilegítimos” los contratos de concesión de la Autopista Panamericana y el Acceso Oeste, el Gobierno mostró su decisión de avanzar con la estatización de ambos corredores viales, que son controlados por la española Abertis, ex socia de la empresa de la familia Macri, y que fue beneficiada durante la gestión de Cambiemos con una renegociación por la que se le reconoció una deuda de 750 millones de dólares que, por intereses y ventajas impositivas, se podría estirar a un monto global de 1.700 millones de dólares.

La auditoría integral había sido anunciada el año pasado, para poner “en revisión” los acuerdos que había firmado el gobierno de Mauricio Macri, bajo el nombre de “Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual”, en los que intervinieron los funcionarios Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, quienes también terminaron denunciados ante la Justicia por dirigentes kirchneristas por supuestas irregularidades.