La familia del expresidente Mauricio Macri sumó una nueva denuncia penal, esta vez por sus nexos con el banco austríaco Meinl Bank, una entidad acusada de presunto lavado de dinero y corrupción. La fiscal general Gabriela Boquin presentó este jueves un nuevo dictamen en el que analiza la relación de Correo Argentino SA y el banco con sede en Viena, y remite la documentación a la Justicia penal “a los fines de investigar la posible comisión de delitos”, según el escrito del expediente. 

Boquin también pidió exhortos internacionales y envió copia de su dictamen, de los balances de Correo Argentino SA y de una pericia contable de los libros de la compañía al organismo antilavado, la Unidad de Información Financiera (UIF); y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). 

El Meinl Bank es el principal acreedor de Correo Argentino SA, compañía de los Macri, y es central para evitar que esta vaya a la quiebra. La fiscal sostuvo en su dictamen que el banco cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores, actuando en detrimento de sus intereses y a favor de Correo. Por eso solicita que se investigue una supuesta maniobra para perjudicar al resto de los acreedores, entre ellos, el Estado Nacional.

Sin embargo, al estar en bancarrota, aquellos representantes de la entidad que habían apoyado a Correo en el pasado han perdido el poder de voto con el que contaban para salvar a la compañía, según explicó a este medio el abogado Cristóbal Von Der Fecht, exapoderado del banco en Argentina. El Meinl Bank, de hecho, quedó a cargo de dos liquidadores oficiales que nunca se presentaron en el expediente que tramita en la Justicia argentina. 

Eso significa que la jueza Marta Cirulli, a cargo del caso, no podría avalar el apoyo del Meinl Bank a Correo. Sin ese apoyo (tiene el 38% de la deuda), la familia Macri no tiene los votos suficientes para lograr el salvataje.