El periodista, Facundo Pastor, denunció en vivo por A24, que estaba siendo amenazado en ese mismo momento por una persona llamada Juan Ignacio, mientras se emitía un informe sobre las personas detenidas en la movilización del miércoles pasado contra la aprobación de la Ley Bases.

Pastor, también abogado, sostuvo que habría pruebas de que quienes cometieron varios desmanes en las inmediaciones del Congreso eran policías, información que lo hizo cruzarse con su colega Guillermo Andino. Minutos después, mostró el celular y afirmó que lo estaban amenazando en vivo.

Según dijo, era un hombre que decía ser periodista, cuyo número telefónico tiene característica de la ciudad de Tandil. De igual modo, le dijo que si era colega de algún medio y quería salir al aire llamara para debatir, y aseveró que llevará las amenazas a su abogado.

En tanto, la conductora Catalina D’ Elía, le dio pie a Pastor a que hablara de la amenaza por el clima extraño de trabajo que se generó en el estudio. “Se denuncia, ya que la Justicia está tan rápida para actuar algo va a hacer”, dijo la joven.

Pastor aseguró que ese tipo de cosas pasan “todo el tiempo”, que “era obvio que iba a pasar” y que le llamaba la atención porque siempre ocurren las redes sociales, pero ahora se estaban comunicando directamente a su teléfono celular.

Detenidos

El miércoles pasado, 33 personas fueron apresadas y 16 aún se encuentran en unidades penitenciarias. En la mayoría de los casos circularon videos del momento en que eran detenidas y no se encontraban cometiendo delito alguno. Los testimonios que los familiares de las personas que están presas dieron a distintos medios de comunicación dan cuenta de que eran ciudadanos de a pie, estudiantes universitarios, vendedores de comida, que estuvieron en la protesta sin incumplir la ley.

El viernes pasado, la jueza federal María Romilda Servini, dispuso la liberación de 17 de las personas arrestadas durante los disturbios. No obstante, la fundamentación para que los 16 detenidos sigan alojados en cárceles federales es peligro de fuga o de entorpecer la investigación.

El fiscal Carlos Stornelli imputó a los detenidos por “delitos graves contra la seguridad pública, contra el orden público, atentado a la autoridad, lesiones, incendio, estrago, instigación”, entre otras acusaciones. (DIB) ACR