La justicia federal archivó en las últimas horas una causa que tenía como principales imputados a la vicepresidente Cristina Fernández y a varios empresarios involucrados también en la causa denominada "cuadernos",  que investigó el pago de sobornos durante la administración kirchnerista. 

El archivo implica no iniciar una investigación o no continuar la que había comenzado.

Se trata de un expediente iniciado en abril de 2019 por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) bajo la convicción de que las coimas implicaban, además,  operaciones de lavado de dinero. 

No obstante, el juez Claudio Bonadio rechazó la conectividad, y la denuncia -por sorteo- recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, quien archivó la causa este lunes 08/06 luego del dictamen en ese sentido del fiscal Eduardo Taiano. 

Además de la vicepresidente, la denuncia abarcaba a empresarios como como Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del expresidente Maurcio Macri y quien fuera dueño de la firma IECSA.

Según la denuncia del organismo que en ese entonces comandaba Mariano Federici, el dinero que se movió alrededor de los cuadernos debía ser investigados “como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita”. Para la UIF no solo habían existido coimas, también los empresarios, especialmente, habían ingreso dinero ilegal al circuito legal.

Pedían la indagatoria de los sospechosos y también reclamaban que se cayeran todos los beneficios que se hubieren adquirido en los regímenes de blanqueo.

El juez Claudio Bonadio había rechazado sumar esta denuncia a su megainvestigación, señalando que las causas por lavado de dinero eran sobre los exfuncionarios que respondían a Cristina Fernández, porque eran los que habían recibido dinero. A los empresarios ya los había procesados por entregar coimas en los viajes del chofer Oscar Centeno y por haber llevado adelante una cartelización de la obra pública. 

El caso, por sorteo, fue a parar al juzgado de Sebastián Ramos, que delegó la investigación en el fiscal Taiano. Precisamente, el fiscal dictaminó por el archivo de la causa por la imposibilidad de proceder. Y el juez firmó la resolución haciendo lugar a ese planteo este lunes. 

De acuerdo a infobae.com, el dictamen sostiene que “mientras la UIF solicitaba que se investigue por el delito de lavado de activos a todos los imputados” en la causa de los cuadernos y sus conexas, Bonadio explicaba que “no había ningún elemento que pudiera sostener que los fondos exteriorizados tuvieran su origen en los ilícitos investigados en la causa N° 9608/18 y sus conexas”, dijo Taiano.

El fiscal también resaltó que Bonadio había dicho que que en la causa de los cuadernos y sus derivadas eran los exfuncionarios públicos los que “habían recibido dinero espurio”. Y ya había diferentes causas por enriquecimiento ilícito y lavado en donde se había podido corroborar, como el caso de Daniel Muñoz, el ex secretario presidencial de Néstor Kirchner. "De ser así, la investigación de dichos sucesos se encontraría prohibida en virtud de la garantía constitucional del ‘Non bis in ídem’ que establece que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”, aseguró la fiscalía en el escrito. 

Es más -detalla el portal de noticias- cuando se le pidió más detalles a la UIF sobre su presentación, se enviaron 57 informes de inteligencia “vinculada a a distintos sujetos imputados en el marco del expediente N° 9608/18”. No había un “análisis integral y específico de elementos que dieran sustento concreto a la presentación de la UIF sino que se trataba de numerosos Informes de Inteligencia que en su totalidad habían sido presentados con anterioridad en un sinnúmero de expedientes con trámite en distintos juzgados de la Argentina o específicamente a la PROCELAC –en ciertos casos se observó que habían sido remitidos a más de una dependencia”. Y aunque la UIF pedía investigar a todos los imputados en la causa de los cuadernos, solo aportó información de 37 personas.

Así las cosas, Taiano destacó que “se advirtieron algunas circunstancias que dieron cuenta de cierta debilidad en la presentación de la UIF” con su denuncia original. Ramos coincidió: “De la mera lectura del dictamen fiscal, y de la concienzuda investigación llevada adelante por el Ministerio Público, esta investigación presenta por lo menos dos inconvenientes que son infranqueables”.

El primero: el uso de información sensible por ley que impide que pueda ser “utilizada como sustento para dar impulso a una nueva investigación, cuando existan otros procesos en curso que se le relacionan y donde esa información o bien ya fue presentada o bien fue elaborada por ser producto de algún requerimiento judicial específico”. El segundo: “La implicancia de avanzar con una presentación de esta naturaleza”, afirmó Ramos. “En tal sentido podrían multiplicarse investigaciones por un mismo hecho, lo cual no solo afectaría el buen servicio de la administración de justicia sino la garantía constitucional” de no ser investigado varias veces por un mismo hecho. “Por lo expuesto, es que resuelvo archivar la presente investigación por imposibilidad de poder proceder”, determinó Ramos.

Fuente: Urgente 24