La saga de abusos de las compañías eléctricas en la facturación a sus clientes suma nuevas denuncias. En este caso contra la distribuidora Edenor. La nueva modalidad para aumentar la recaudación, que será denunciada ante la justicia por entidades de consumidores, consiste en el cobro compulsivo de supuestas tareas de mantenimiento de los medidores de luz, que los usuarios nunca habían pedido.

Les ha ocurrido a miles de clientes de esa compañía en el conurbano bonaerense. En particular en barrios de José C. Paz y La Matanza. Edenor les envió a sus casas una carta o los llamó por teléfono desde un call center para notificarles una deuda de 4000 a 6000 pesos por trabajos realizados en los medidores. Allí mismo estableció un plan de pagos y les avisó que empezarían a recibir el cargo en la siguiente factura.

La irregularidad, dicen los denunciantes, es total. Y niegan que sean familias colgadas o enganchadas al servicio, que de pronto fueron descubiertas por la empresa, como alega la distribuidora. “Son usuarios regulares que vienen pagando sus facturas. Eso incluye el cargo fijo, que sirve justamente para cubrir costos como el mantenimiento de los medidores.

La realidad es que hay una política de facturación a mansalva de las compañías eléctricas con todo tipo de atropellos, aprovechando la pasividad del Gobierno que las deja hacer”, reprocha Andrea Manzi, de la Red Nacional de Multisectoriales, que agrupa a entidades de consumidores de distintos puntos del país.

En materia de abusos, al menos 2000 vecinos del centro de José C. Paz y de los barrios Primavera, Favaloro y Calcuta, todos de ese partido popular del conurbano bonaerense, y otros de La Matanza entienden que los están sufriendo porque Edenor les quiere cobrar entre 4000 y 6000 pesos por “anomalías” detectadas en los medidores y tareas de mantenimiento sobre los mismos.

Los usuarios están siendo notificados con cartas firmadas por el Departamento Negociación de la empresa. Allí dice lo siguiente, en uno de los casos denunciados: “Nos dirigimos a usted para informarle que hemos realizado una inspección al punto de suministro de energía eléctrica correspondiente al domicilio de su consumo. En dicha inspección comprobamos la existencia de anomalías que impidieron registrar normalmente sus consumos.

La evaluación del perjuicio ha sido estimada en 4865 pesos más los impuestos correspondientes al momento de la emisión de la factura, disponiéndose la aplicación de seis cuotas mensuales sucesivas, a efectos de facilitar su pago. La no cancelación de la factura complementaria implicará la suspensión del servicio de energía eléctrica”. La amenaza del corte de la luz y la presión que ejerce la empresa con llamados telefónicos atemoriza a muchos usuarios, que terminan pagando una supuesta deuda de la que no tenían noticias.

“Es un escándalo y lo vamos a judicializar”, protesta Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Sostiene que las distribuidoras eléctricas no pueden cobrar cargos extra por el mantenimiento de los medidores, como pretende Edenor, porque ese costo ya está contemplado en el cargo fijo de la factura.

Además, aclara que la acción de la empresa recae sobre usuarios que están pagando las boletas. “Entregamos cientos de reclamos en la oficina comercial de Edenor en José C. Paz y el gerente nos dijo claramente que no eran medidas de recupero de energía, que es lo que se hace cuando hay un usuario colgado o enganchado. Nos dijeron que era un costo por mantenimiento”, agrega Manzi, de la Red de Multisectoriales. Si fueran personas enganchadas de manera irregular, explica Boada, el procedimiento que debería seguir la distribuidora arranca con la redacción de un acta donde se denuncia esa situación.

Para reemplazar el medidor o instalar uno nuevo debe estar presente un policía o escribano. Si hubiera dudas sobre medidores alterados para registrar un menor consumo, la empresa debería realizar un contraste de medidores, con la comparación simultánea del que tenía el usuario y uno nuevo aportado por la empresa, bajo la supervisión del INTI. Las deudas que en general reclaman las distribuidoras para el enganche legal no bajan de 50 mil pesos. Nada de eso está ocurriendo en los casos denunciados, dice Boada, frente a la versión de la empresa que atribuye el envío de las cartas y los llamados telefónicos a la “regularización” de clientes mayoritariamente colgados.

Fuente: Página 12