Cuando el Gobierno de Alberto Fernández impulsó en 2019 una alícuota muy alta de 2,25% para el Impuesto sobre los Bienes Personales por bienes en el exterior, la actriz, modelo y conductora Susana Giménez se presentó a la Justicia afirmando que sus rentas no le alcanzaban para pagar el gravamen, y obtuvo un fallo favorable. Pero la AFIP informó que apelará.

La AFIP denunció penalmente a Su Giménez por haberse negado a presentar su declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales de 2019 y porque considera que adeudaría $50 millones, que con multas e intereses, llegarían a $300 millones, pero el juez la sobreseyó.

Los pasos de la causa judicial contra Susana Giménez

En un primer momento, Susana Giménez solicitó una medida cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad (JNCAF 10 - Expediente 2254/21) por el aumento de la alícuota, la que fue rechazada y después apelada. 

En medio de esta situació judicial y sin esperar una resolución final en la Cámara, la AFIP denunció a Su Giménez ante el fuero Penal Económico.

Ya en esa instancia, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso el archivo de la causa penal iniciada a Susana Giménez tras la denuncia de la AFIP, por supuesta evasión agravada en $50 millones.

Ahora la AFIP informó que solicitará a la Cámara en lo Penal Económico que revea la decisión del juez de primera instancia, que determinó que la actriz no realizó ninguna conducta posible de ser considerada engañosa en "los estrictos términos que reclama la ley", y ordene que se investigue a la conductora por evasión agravada.

La AFIP denunció penalmente a Susana Giménez antes de que estuviera resulta la medida cautelar

La posición de la AFIP sobre el caso de Susana Giménez

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, destacó que "aun suponiendo que, como plantea el juez, no haya habido 'ocultamiento patrimonial', la señora Susana Giménez todavía no presentó las declaraciones juradas".

"Ante la AFIP, todos los contribuyentes tienen las mismas obligaciones. Este es un caso que surge de la matriz de riesgo y el control sistémico que posee el organismo, no realizamos fiscalizaciones a dedo", sostuvo, y añadió que "la AFIP actúa en función de las normas que la regulan".

Castagneto manifestó que "la falta de exteriorización de sus bienes imposibilita que la AFIP controle la determinación e ingreso del Aporte Solidario Extraordinario. En definitiva, estamos frente a una ausencia de voluntad para cumplir con sus obligaciones impositivas que está a la vista".

"La falta de presentación de las declaraciones juradas de Bienes Personales son una conducta de ocultación maliciosa prevista en la Ley Penal como evasión de tributos", afirmó.

"La declaración jurada es obligatoria por el principio de "autodeclaración", que rige en nuestro sistema tributario, y al ocultar su situación fiscal se sustrae del pago del gravamen", indicó.

"Este ocultamiento obligó a desplegar la actividad estatal a efectos de poder conocer la situación patrimonial y por ende el "quantum" del impuesto dejado de ingresar, determinando finalmente la deuda en más de $50 millones", concluyó.

La AFIP se queja de que tuvo que actuar para determinar la deuda de $50 millones

Qué sostienen los abogados de Susana Giménez

En el caso de Susana Giménez, la alícuota tal alta de Bienes Personales provocó que "la renta que obtuvo durante el año mediante la explotación de sus bienes siquiera alcanzó para pagar el impuesto, y mucho menos para tener una ganancia", relató su abogado defensor, Lucas Gutiérrez, del estudio Lisicki, Litvin y Asoc.

"Esto, junto a otras circunstancias, tornaron inconstitucional a la norma ya que afecta el principio de no confiscatoriedad de los tributos", expresó.

Ante esta situación, los abogados de Susana Giménez la recomendaron entablar ante la Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad, para que un juez resuelva si la reforma del impuesto en su caso concreto resulta válida.

A su vez, "se hizo una presentación ante la AFIP mediante la cual informó que no presentaría su declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales hasta tanto la Justicia resuelva sobre la constitucionalidad" de la alícuota, dijo Gutiérrez.

"En ese mismo acto mostró su intención de no ocultar nada a la AFIP ni de engañarlo para evadir impuesto, al proporcionar un listado de cada uno de sus bienes, su valuación y radicación (en el país o en el exterior)", precisó.

Más tarde y tras recibir por parte de AFIP el reclamo del impuesto no pagado y la mención en sus expedientes administrativos de que su conducta implicaría un accionar tendiente a evadir impuesto, el abogado solicitó ante la Justicia el dictado de una medida cautelar.

Los abogados de Susana Giménez pidieron al juez que evitara la denuncia final de AFIP

"Este pedido tenía la finalidad de que se impida a la AFIP avanzar con el cobro del impuesto hasta tanto la Justicia determine si este resulta constitucional", afirmó Gutiérrez.

"A su vez, se solicitó que se impida formular una denuncia por delito de evasión tributaria, ya que esta figura penal exige la presencia de un ardid o un engaño y este no era el caso ya que no se ocultó nada ni se tuvo esa intención", sostuvo Gutiérrez.

"Evidentemente, la AFIP utilizaría este accionar para presionar a Susana Giménez a pagar el impuesto de inmediato, ya que una denuncia penal de este estilo afectaría su reputación dada su alta exposición pública", reconoció.

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"Sin esperar que el juez dicte sentencia, la AFIP efectuó el reclamo del impuesto y denunció a Susana Giménez por el delito de evasión tributaria", subrayó Gutiérrez.