Los miembros de la Corte Suprema hicieron un público su patrimonio, pero "con trampita"

Los cinco miembros de la Corte de Justicia de la Nación aceptaron difundir sus patrimonios, a raíz de un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

El documento, que difundió el diario La Nación, muestra por primera vez el patrimonio total de los jueces, entre 2015 y 2017, inclusive. En casi todos los casos se vio duplicado en los últimos años.

Carlos Rosenkrantz ya percibía un total de $39,5 millones en 2017 y según los cálculos, eso se duplicó en los últimos dos años tras las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales de la AFIP.

El juez declaró cinco propiedades en la capital federal, un lote en Pilar y tres autos. También, una colección de cuadros y esculturas.

Ricardo Lorenzetti registraba unos $25 millones hace dos años cuando todavía era presidente de la Corte. En total, el juez declaró tres inmuebles y un auto en la ciudad de Rafaela, así como también acciones en Ratio SA, una sociedad por la cual la diputada nacional Elisa Carrió lo había denunciado.

Además, Lorenzetti también detalló dinero en efectivo y una cuenta bancaria en el exterior con más de $9 millones, algo que el juez ya contaba antes de entrar a la Corte.

El caso de Horacio Rosatti es similar: de 2017 a su fecha duplicó su patrimonio. En la declaración jurada se muestra la compra de una casa en Recoleta que financió con un préstamo UVA de Banco Ciudad por un millón, detalló La Nación.

El patrimonio total de Rosatti roza los $7 millones y también cuenta con otras cinco casas en Santa Fe.

Elena Highton de Nolasco declaró bienes por $13 millones en 2017. Sin embargo, el informe muestra una evidente falta de detalles a diferencia del resto de los jueces de la Corte.

Al igual que sus colegas, la jueza también declaró inversiones en inmuebles y automóviles.

Juan Carlos Maqueda expuso un total de $6,7 millones hace dos años, así como también activos en propiedades y dinero en efectivo por más de un millón de pesos.

Pagína 12 publicó datos de un informe con algunas conclusiones preocupantes, más aún teniendo en cuenta que la Corte es la máxima autoridad judicial y no es la que predica con el ejemplo de apertura y transparencia. Por empezar, dicen en ACIJ, los formularios entregados tienen “un nivel de información considerablemente menor al exigido por la Ley de Etica Pública (...) los anexos carecen de información detallada sobre los bienes, situación que impide controlar el contenido de las declaraciones juradas (...) no es posible conocer la titularidad, superficie ubicación, valuación y fecha de ingreso al patrimonio de los bienes, sino que la información se presenta en forma sumamente agregada”. La falta de esa información, sumada a que los formularios de AFIP utilizan valores históricos y fiscales “impide inferir si los incrementos patrimoniales se encuentran justificados con los ingresos del magistrado/a”. Desde 2017, además, la AFIP dejó de exigir distinción acerca de si los bienes están dentro o fuera del país. Es imposible determinar qué tipo de bienes integran el patrimonio de los supremos.La Corte, además, no informa sobre cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años, que cualquier investigación judicial sobre presunto enriquecimiento suele revelar que se convierten en parte de los mecanismos habituales para camuflar al riqueza de los poderosos.Tampoco ofrece información referida a empleos y actividades laborales anteriores, participaciones societarias o emprendimientos propios. Por ende, no se pueden detectar conflictos de interés.

Según ese diario, se detectó en el caso de Rosenkrantz más de una decena de fallos que firmó donde eran parte clientes (grandes empresas, como YPF y Claro, entre otras) de su estudio privado de abogados, que figuraban listado que había presentado en el Senado antes de la audiencia pública para su designación. Pero se trata de que sea información fácilmente accesible, que permanece en las sombras. La reglamentación del Consejo de la Magistratura, dicen en ACIJ, también impide hacer ese cotejo.Aun dentro del Poder Judicial, dice el texto, los funcionarios de cargos inferiores a los supremos son notablemente más completos ya que incluyen buena parte de los detalles exigidos por la ley de Etica pública Lo mismo sucede en los poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero los supremos, en este terreno, se resisten a renunciar a sus arcaicos privilegios. El resultado de todo esto es que es imposible conocer su patrimonio real y detectar posibles casos de corrupción, ya que viven con un manto de protección permanente.

Fuentes:Minuto Uno / Página12