La ley dice expresamente que las compañías o personas jurídicas que estén “imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las conductas previstas en la ley penal tributaria vigente” no están en condiciones de realizar un aporte a un partido político, además de ser sujetos “demandados de un proceso en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva”.

Pero para la Casa Rosada eso no constituye un impedimento ya que “el Tribunal Fiscal de la Nación es un organismo que recibe reclamos de los contribuyentes contra resoluciones dictadas por la AFIP. El contribuyente no es el demandado sino el que demanda si cree que no le corresponde pagar un impuesto”.

Una determinación que lleva a pensar que los evasores impositivos podrán financiar una campaña electoral, algo que admite un funcionario en off: “Si el espíritu de la ley era prohibir que los evasores sean aportantes, fue un error apuntar al Tribunal Fiscal de la Nación”.

Precisamente, el decreto señala que “el término sujetos demandados no resulta técnicamente correcto, por cuanto de acuerdo con la Ley N° 11.683 de Procedimiento Tributario, el Tribunal Fiscal de la Nación -más allá de la naturaleza jurídica de sus facultades- es una instancia administrativa ante la cual los contribuyentes pueden recurrir la intimación de la AFIP al pago de sanciones o tributos, por lo que no hay sujetos demandados ante dicho tribunal sino que, por el contrario, ante él ejercen las personas humanas y jurídicas un derecho que se les otorga frente a los posibles incumplimientos de la administración”.

A su vez, establece que la ley menciona “a una situación que en los hechos no existe, cual es la de sujetos demandados por reclamo de deuda impositiva ante el Tribunal Fiscal de la Nación”. Cabe recordar que el proyecto que se consagró en el Parlamento fue impulsado por Cambiemos y en su paso por Diputados tuvo el respaldo del massismo, Alternativa Federal y algunos bloques provinciales. Mientras que lo rechazaron Unidad por Ciudadana, Red por Argentina y la izquierda.

Entre sus aspectos centrales, el proyecto establece que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad de las personas y empresas que realicen sus contribuciones, elemento que está relacionado con las denuncias que recibió la coalición Cambiemos por falsear datos de la financiación de su última campaña electoral.

Fuente. Informe político