El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ante la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 11 “el uso de la fuerza policial que puso en riesgo la integridad física de las personas” que se encontraban en el predio de La Containera, en la Villa 31, en el momento en que se puso en marcha un violento operativo de desalojo.

“Varias mujeres relataron que policías apuntaron con escopetas a sus niñes durante el operativo. No se tomaron en cuenta los recaudos más básicos para evitar que la actuación policial sume más violencia a una situación de por sí ya muy grave”, advirtió el CELS, tras reunir testimonios en el lugar.

El organismo advirtió que “la policía no brindó tiempo y oportunidad para retirar pertenencias de primera necesidad -por el contrario, las destruyó- y le dio prioridad a la sorpresa y a un operativo rápido, en lugar de garantizar mínimos cuidados sobre un conjunto de personas que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la intervención policial”.

La denuncia apuntó a que “se incumplieron distintas normas que regulan la realización de un operativo de desalojo para reducir los riesgos, en particular, sobre mujeres, niñes y adultes mayores, como la Observación General 4 y 7 del Comité de DESC, o incluso el Protocolo de actuación ante casos de usurpación del Ministerio Público Fiscal del año 2008, con los ajustes señalados por el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, ambas de CABA”.

El CELS también señaló que el predio en cuestión permanecía sin uso hacía años. “Durante el desalojo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad argumentó que en el predio ocupado tienen proyectado construir una escuela. Sin embargo, no mostró ningún plan de obra, ni su inclusión en el presupuesto 2021. Las familias que viven en la zona tampoco estaban enteradas a pesar de que la falta de vacantes es una problemática que viene siendo denunciada desde hace años en la villa 31”.

Fuente: Nueva Ciudad