Preocupación en el gobierno por la falta votos para aprobar artículos de la Ley Bases

A pocos días de la sesión del Senado programada para el 12 de junio, la Casa Rosada admite que no cuenta con los votos necesarios para aprobar varios artículos fundamentales de la Ley Bases, lo que ha generado preocupación particularmente en torno al capítulo del Impuesto a las Ganancias.

Es por eso que el Gobierno enfrenta un desafío significativo en el Congreso con la Ley Bases, una pieza legislativa clave para la administración actual. La situación es especialmente crítica para el tratamiento del articulado que contiene la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

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 A pesar de las negociaciones y concesiones realizadas con los gobernadores patagónicos, incluyendo un régimen especial del incremento del 22% del mínimo no imponible, el apoyo de estos aún no está asegurado.

“Por más que cedimos en varios aspectos, algunos gobernadores y senadores están negados a acompañar las reformas. Ya no hay mucho más para hacer, la suerte está echada”, expresó un funcionario cercano al Ejecutivo.

El Gobierno asegura tener entre 36 y 37 adhesiones para la votación en general de ambos proyectos, pero reconoce que la estructura de apoyo no es la misma para el tratamiento del articulado, que puede ser por capítulos o por artículos.

Esto plantea un panorama incierto, ya que una mayoría opositora podría lograr modificar algunos puntos del articulado, lo que podría llevar a cambios sustanciales en la ley o incluso a su rechazo. La Ley Bases es fundamental para la administración actual, ya que establece las directrices económicas y fiscales que el Gobierno busca implementar.

Puntos en contra

Entre los puntos más controversiales se encuentra la lista de empresas públicas a privatizar, que incluye nombres como Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, entre otras.  La posibilidad de privatización de estas empresas ha generado un intenso debate político y social.

Además, la Ley Bases contempla modificaciones en los beneficios a proveedores nacionales en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y en la restricción de acceso al blanqueo de capitales por parte de funcionarios.