La presidenta del PRO en uso de licencia y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich compartió en las redes sociales un mensaje con el fin de reactivar la persecución contra el Grupo Indalo. En medio de la campaña electoral, vinculó las obras de renovación y ampliación de la Ruta Nacional N°3 con un supuesto caso de corrupción del kirchnerismo.

Según consignó Ámbito, el caso fue archivado por la Justicia por inconsistente y motivó una denuncia, que aún está en curso, por el delito de abuso de autoridad contra el extitular de Validad Nacional, Javier Iguacel.

De acuerdo al artículo 248 del Código Penal, Iguacel tomó decisiones administrativas de manera arbitraria, que impidieron el avance de las obras y perjudicaron financieramente a la empresa contratista CPC S.A..

En esta oportunidad, la precandidata a presidenta visitó Santa Cruz, desde donde compartió una publicación con datos falsos. "Nos comprometemos a terminar con el régimen kirchnerista, que le expropió el futuro a los argentinos. Lo hicimos frente a un emblemático monumento a la corrupción: la Ruta Nacional Nº 3”, escribió.

De acuerdo a lo que indicó Bullrich, "la obra se licitó en 2008, la ganó Lázaro Báez, luego se volvió a licitar con el gobierno de Macri y ganó Cristóbal López, quien tampoco la hizo, pero cobró parte de esta licitación”. "Le tenemos que poner fin a este drenaje de recursos públicos, a la cloaca de la corrupción. En el próximo gobierno de Juntos por el Cambio, nosotros vamos a garantizar que las obras se inicien y se terminen", apuntó.

“Este es un compromiso para Santa Cruz y para todo el pueblo argentino: terminar con el régimen kirchnerista de corrupción, de expropiación de aquellos recursos de la gente que pasan a manos de la gente”, añadió

La verdad sobre el caso es que esa obra, que estaba a cargo de la constructora CPC S.A. del Grupo Indalo, no avanzó por una decisión del gobierno de Mauricio Macri, que la propia Bullrich integró. Si bien la versión oficial de ese momento indicaba que la finalización del contrato obedecía a incumplimientos de la empresa, fue en realidad el propio Estado Nacional el que desfinanció el proyecto y lo condujo hacia su fracaso, en la “guerra” desatada contra Cristóbal López y Fabián De Sousa, accionistas del Grupo Indalo.

Desde Santa Cruz nos comprometemos a terminar con el régimen kirchnerista, que le expropió el futuro a los argentinos. Lo hicimos frente a un emblemático monumento a la corrupción: la Ruta Nacional Nº 3. pic.twitter.com/1jvHd3ofoj

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 16, 2023

Las obras en la Ruta Nacional N°3

De acuerdo a la información brindada por Ámbito, la constructora CPC S.A. tomó a su cargo las obras de ampliación y reforma de la Ruta 3 en septiembre de 2016. Se trató de la adjudicación de la terminación de tres tramos: una a la altura de Rada Tilly (km 1843), en Santa Cruz sobre el kilómetro 1.908 y en Caleta Olivia. El contrato, que había pertenecido antes la firma Austral Construcciones, fue adjudicado a la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa por haber presentado la oferta más competitiva en el contexto del proceso de su relicitación.

Cuando CPC tomó las riendas de la obra, se hizo manifiesto que el proyecto constructivo con el que se la había licitado no respondía a sus necesidades técnicas, porque no reflejaba ninguno de los trabajos que habían sido realizados por el anterior contratista. Mientras el proyecto correspondía a una obra a ser construida desde cero, la obra de la Ruta 3 estaba empezada y existían trabajos ya ejecutados que no habían sido contemplados por Vialidad al relicitarla ni figuraban en ningún registro.

Ante este escenario, la empresa debió suplir esa inconsistencia adaptando por sus medios y con recursos propios el proyecto ejecutivo, lo que insumió los meses subsiguientes hasta mediados de 2017.

Durante los meses de febrero y marzo de 2017, la zona de Comodoro Rivadavia y sus alrededores, donde debía emplazarse un tramo principal de la obra, fue azotada por un temporal de lluvias absolutamente atípico para la región. Los niveles de las precipitaciones registradas excedieron cualquier marca histórica. Esto obligó a detener la actividad, ante el anegamiento de los distintos tramos donde debían realizarse los trabajos. La constructora, mientras tanto, abocó su personal y sus recursos a auxiliar a los municipios afectados por aquel temporal.

Inmediatamente después del paso del temporal comenzó la veda invernal de 2017, durante la cual no es posible realizar tareas que impliquen la elaboración de mezclas asfálticas por las bajas temperaturas, siendo estas tareas las más importantes para la realización de la obra.

En definitiva, la necesidad de replantear el proyecto constructivo, la incidencia del temporal de lluvias en Comodoro Rivadavia y alrededores y el comienzo de la veda invernal, determinaron que los ritmos de ejecución de la obra no pudieran cumplirse, pero en ningún caso, claro está, por responsabilidad de CPC. Sin ir más lejos, la empresa, con fundamento en esas incidencias, solicitó una ampliación de los plazos iniciales para ejecutar las tareas a su cargo.

Para ese entonces, sin embargo, la cúpula de Vialidad, encabezada por Javier Iguacel y alineada ya definitivamente con el plan del Ejecutivo nacional orientado a desmantelar al Grupo Indalo y a perseguir a sus dueños, resolvió ignorar el conjunto de circunstancias que habían impedido el avance de la obra y aplicó a CPC multas millonarias por presuntos “incumplimientos de las curvas de inversión”, deduciendo el importe de esas multas de lo que la empresa debía cobrar por los trabajos ejecutados. Ese fue el primer paso hacia el objetivo final de desfinanciar el proyecto, en miras a poder atribuir su falta de avance a la responsabilidad de la empresa contratista.

A todo esto, el procedimiento seguido para sancionar a CPC S.A. violó una práctica aceptada en los contratos de obra, según la cual jamás se hace efectiva la aplicación una multa a un contratista que mantiene en trámite pedido de ampliación de plazo, hasta que dicho pedido no hubiese sido resuelto, sea a favor o en contra. Los recursos que CPC interpuso contra las multas, por otra parte, ni siquiera recibieron tratamiento.

Así fue que mientras el gobierno de Macri reclamaba las multas, el organismo de Iguacel acumuló deudas por casi $1.000 millones con la constructora por las obras en Ruta 3 y otros proyectos, y se negó a otorgar más plazo para retomar los trabajos, que habían sido detenidos forzadamente, lo que reflejaba la intención de quebrar definitivamente le ecuación económica del contrato de la Ruta 3, privando a CPC S.A. de recursos económicos para ejecutarlo.

Fuente: C5N