“Todo lo que quieras saber está en mi declaración jurada”, respondió María Eugenia Vidal, cuando en la radio Con Vos le preguntaron a cuánto ascendía la cuota mensual y los intereses que pagaba por el crédito hipotecario con el que compró un piso de 205 m2 en Recoleta. “Muy alta. Pero todo lo que quieras saber está en mi declaración de candidata. Podés verlo todo ahí”, dijo, antes de cortar en forma abrupta la comunicación alegando que la entrevista había excedido el tiempo pautado y que debía atender otros compromisos. Su malhumor era inocultable.

Ya había acudido a la misma explicación en programas de noticias por cable, citando la declaración jurada de cese como gobernadora bonaerense, luego de que El Cohete revelara la adquisición , por 340.000 dólares, de ese departamento en el piso 10 de la avenida Pueyrredón 2421, cuyo precio de mercado es de 550.000.

Aunque todo estuviera en la declaración jurada, no se entiende por qué eso excluiría responder preguntas periodísticas acerca de la transacción. Pero lo que hay en la declaración jurada es muy poco. Ni aquel documento oficial ni este contienen las respuestas que la candidata se niega a dar. La reconstrucción que realizó El Cohete fue trabajosa, precisamente por la parquedad de los documentos oficiales y la falta de colaboración de Vidal, quien ni antes ni después de la publicación aceptó las preguntas del Cohete. En cambio, prefiere las entrevistas con Eduardo Feinmann, que la escucha en arrobado silencio, o Alejandro Fantino, quien le pide disculpas por formularlas.

El miércoles, cuando Vidal invitó a consultar su última declaración, aún no estaba subida a la página de la Oficina Anticorrupción, que lo hizo al día siguiente. En sus seis fojas no hay referencia alguna a las cuotas ni a los intereses que debería pagar y que según los cálculos del Cohete superan sus ingresos esperados como diputada nacional.

Repitió que a los 49 años era lo único que poseía, que todos la conocen y saben de su honestidad. “No tengo autos ni cuentas offshore”, explicó, en un intento de desmarcación del ex Presidente Maurizio Macrì, a quien no le falta nada de eso. También atribuyó los cuestionamientos patrimoniales a la campaña electoral, como si en ese lapso estuviera prohibido escrutar la vida y milagros de quienes se postulan a cargos electivos. Es decir, lo contrario de aquello que es norma en todos los países del mundo, por el obvio interés público de esa información. ¿Qué mejor momento que cuando alguien pide el voto para representar a la comunidad?

Vidal tampoco se privó de un ataque personal: “Ya sabemos quién es Verbitsky y para quién trabaja”. Quienes mejor lo saben son ella y quien la acompañó como auditor de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Guillermo Berra. Cuando una runfla de jueces, policías y fiscales bonaerenses intentó incriminarlo para desacreditar las investigaciones patrimoniales realizadas por Berra, de línea directa con Vidal, El Cohete reveló esa trama putrefacta contra un funcionario honesto. Se ve que las investigaciones patrimoniales no son lo único que Vidal prefiere suspender durante una campaña electoral.

Lo que puede consultarse en las páginas electrónicas del Ministerio bonaerense de Justicia y Derechos Humanos y de la Oficina Anticorrución es una síntesis somera, donde no consta ni la ubicación del inmueble ni la identidad de quien lo vendió ni las condiciones de la operación. Los datos concretos están encriptados en una dependencia del Ministerio provincial en un caso, del de la Oficina Anticorrupción en el otro. Cuando El Cohete solicitó los de Vidal, el ministro Julio Alak remitió a la Subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, quien respondió que sólo pueden entregarse por orden de un juez. Lo mismo ocurrió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous: sólo una orden judicial puede abrir la declaración jurada. Y la ex gobernadora y actual candidata no accedió a un pedido de entrevista con El Cohete, ni on ni off the record.

En un acto de campaña, CFK ironizó sobre la operación inmobiliaria. La candidata respondió que al divorciarse vendió su casa anterior y su auto y se quedó con la mitad. Con ese fondo pagó la mitad del departamento “y la otra mitad con un crédito que saqué a diez años para pagar en cuotas”. Dio a entender que se trataba de un préstamo bancario, pero no identificó la entidad.

No fue la única afirmación engañosa. El dato más interesante, que ella no suministró, consta en la escritura de compraventa, del 19 de septiembre de 2019, que publicó El Cohete: Vidal compró el piso por 340.000 dólares, equivalentes ese día a 19.883.200 de pesos. Entregó 140.000 dólares (equivalentes a 8.187.200 pesos) y contó con un préstamo hipotecario por 200.000 dólares (equivalentes a 11.696.000 pesos), a pagar en 120 cuotas. Y según su declaración jurada del 27 de agosto de 2019 sólo poseía el equivalente a 92.500 dólares. La declaración jurada de cese, del 9 de diciembre de 2019, dice que es titular del 100% de un departamento en la Ciudad Autónoma, que compró dos semanas después de la primera declaración, con “ingresos propios”, y que tiene una deuda hipotecaria por 12.600.000 pesos. También declaró un depósito en dólares de 843.753 pesos, que a esa fecha equivalían a 14.455 dólares. Vamos por partes:

Los 140.000 dólares que dice haber pagado no son la mitad de 340.000, sino poco más del 40%. De modo que consiguió una hipoteca por casi el 60% del precio pactado. Nadie acepta una hipoteca de esa magnitud, ya que en caso de incumplimiento el bien debe rematarse y en esas condiciones es imposible recuperar su valor.

Si por la venta del departamento y el auto tenía 92.500 dólares, ¿de dónde salieron los otros 47.500 que declara haber pagado?

Si el préstamo hipotecario de 200.000 dólares es a devolver en 120 cuotas, cada una será de 1.666 dólares, más no especificados intereses. Al cierre del viernes 22 equivalían a 175.000 pesos, si los consiguiera al cambio oficial, y a 318.000 en el mercado paralelo. En este momento la remuneración bruta de cada diputada es de 330.000 pesos mensuales, sobre los cuales debe pagar impuesto a las ganancias, obra social y jubilación, luego de lo cual queda un neto de 230.000. Si consiguió dólares al cambio oficial, sólo le quedarían 55.000 pesos mensuales para vivir con sus tres hijes. Las expensas del piso y la cuota de su hijo en el carísimo colegio ORT ya consumen más que eso. Y si hubiera debido pagarlos al cambio paralelo, le faltarían 88.000 pesos mensuales.

Otra de las cosas sobre las que no tiene tiempo de hablar es dónde adquirió los dólares para realizar esta operación y a qué precio.

Tampoco cuenta de qué vivió desde que concluyó su mandato bonaerense, en diciembre de 2019, ni con qué recursos pagó las costosas reformas realizadas durante casi un año en el piso de Recoleta, que pueden rondar los 100.000 dólares, ni el viaje familiar de turismo a Australia.

Los datos que faltan

La escritura revela quién le concedió ese préstamo excepcional por el 60% del ficticio precio de venta: se llama Brenda Cecilia Biondi, y lo había adquirido apenas un año antes por 330.000 dólares. En cambio, la declaración jurada como candidata a diputada porteña, consigna que su deuda hipotecaria es con Jorge Alfonso Gutiérrez Carrillo, por 11.114.998 pesos, que al 31 de diciembre de 2020 equivalían a 125.000 dólares, que es el 30% del precio ficticio declarado y el 23% del precio de mercado. La incongruencia es manifiesta.

Pero hay más:

Gutiérrez Carrillo es el esposo de Brenda Celina Biondi.

El padre de  Biondi y suegro de Gutiérrez Carrillo es el apoderado legal de María Eugenia Vidal ante la AFIP, Mario Biondi (h), quien durante toda su gestión gubernativa fue miembro del directorio del Banco Provincia. ¿Por eso en su última declaración, Vidal omitió el apellido Biondi, desplazado por Gutiérrez Carrillo?

El contador Biondi (h) también es el síndico de la gerenciadora de convenios farmacéuticos Preserfar, creada por los grandes laboratorios nacionales e internacionales, uno de los mayores proveedores de medicamentos a la provincia que gobernaba Vidal.

Gutiérrez Carrillo, es el subgerente general de esa comercializadora de drogas. Tanto él como su suegro Biondi tienen como domicilio legal Viamonte 867, piso 5°, de la Capital Federal.

El mismo declaró Vidal ante la AFIP como autora del libro Mi Camino.

Hasta ahora no hubo fiscal ni juez que se interesaran por determinar si estas fueron operaciones legítimas o de blanqueo de dinero ilegal. El periodismo no puede llegar más allá de lo que ya hicimos. ¿Es objetable plantearlo en campaña electoral?

Fuente: El Cohete a la luna

Ese precio de 340.000 dólares es ficticio. Un piso en el mismo edificio, 10% más pequeño, es ofrecido por la inmobiliaria Gómez Salmerón a 540.000 dólares.