A través de una carta dirigida a los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, Omar Perotti y Gustavo Bordet respectivamente, el presidente de Procurar (Protección a los Usuarios y Consumidores de la República Argentina), Enrique Millán, pone sobre el tapete las anomalías de la concesión de Hidrovía S.A. cuyos titulares son la belga Jan De Nul y su socio local, Emepa.

Las cartas fueron recibidas el pasado 7 de enero y recurren a ambos mandatarios provinciales a raíz de las declaraciones “efectuadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en las que hiciera saber públicamente su intención de transferir a las provincias limítrofes la administración de la hidrovía Paraná – Paraguay”.

Entre los fundamentos, Millán informa a los gobernadores que, durante la presidencia de Mauricio Macri, hizo llegar sus reclamos a raíz de las irregularidades de quienes hace 25 años explotan ese corredor hídrico. Sin embargo, ni Macri, ni su ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, dieron respuesta a los pedidos.

Durante 2019, Dietrich –quien tenía bajo su órbita esta licitación- dijo que estaban trabajando en los pliegos, ya que en 2021 ya debería operar el nuevo concesionario. Sin embargo, el ministerio de Transportes de la administración pasada no dejó más que unos borradores de los pliegos, pero no cumplió con su palabra.

Lo fundamentos esgrimidos por Procurar son de público conocimiento pese a que el debate a través de los medios sobre la hidrovía no haya cobrado la importancia que merece. Sintéticamente, el problema más delicado es que el propio Gabriel Romero (titular de Emepa durante casi 25 años) tuvo y tiene denuncias sobre las irregularidades en el manejo de la concesión.

Ese manejo de Romero y su socia Jan De Nul llevaron a Enrique Millán a considerar que hay motivos suficientes para que el Estado nacional intervenga de oficio y de por terminada la explotación del corredor vial en manos de los actuales concesionarios. Pese a que las autoridades de la empresa belga sostienen que si hubo un hecho de corrupción es responsabilidad exclusiva de su socio Romero, hay evidencias como para saber que ambos socios compartieron un cuarto de siglo sus negocios.

Pero esta irregularidad no es la única. El precio del peaje, pagado en divisa extranjera y no en pesos, es de más de tres dólares la tonelada. Estudios recientes calculan que ese costo logístico está sobrevaluado entre un 30 y un 50%. Por otra parte, un tema central es que desde el inicio -25 años atrás- no hay un organismo de control para verificar si quienes explotan este corredor hídrico hacen las obras que dicen hacer.

Estos temas forman parte de una agenda más amplia a tener en cuenta para la transparencia del proceso licitatorio que deberán abrir las nuevas autoridades. Cabe consignar que la Hidrovía es competencia de las autoridades nacionales. Dado el papel clave que juegan los estados federales es que Alberto Fernández anunció su decisión de sumar a las provincias a estas decisiones. Lo hizo el mismo día en que Omar Perotti asumía la gobernación de Santa Fe a la cual el presidente concurrió.

El nuevo ministro de Transportes de la Nación, Mario Meoni, es quien tiene en su órbita este fundamental tema. Dado que aún no completó el organigrama de su cartera no se sabe aún quién estará a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

Sin perjuicio de ello, dada la magnitud de este asunto es que, Enrique Millán afirma que “la participación de los mandatarios de las provincias litoraleñas, así como el debate público sobre el organismo de control y el precio del peaje son puntos clave para la adjudicación de la hidrovía a quienes resulten ganadores en una licitación que permita bajar los costos y mejorar los servicios”.

Fuente: Politicargentina