La Procuración del Tesoro de la Nación reabrió un sumario para esclarecer si hubo irregularidades en el accionar de funcionarios públicos que intervinieron en la redacción de un fallido acuerdo de pago de la deuda con el Estado de Correo Argentino SA, en la causa por la quiebra de esa empresa perteneciente a la familia Macri.

La decisión de reabrir el sumario administrativo fue del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien revocó "con fundamento en su ilegitimidad" una resolución de la anterior gestión del organismo fechada el 3 de mayo de 2018, durante el gobierno del propio Macri, según el texto al que tuvo acceso Télam.

 

Esa resolución clausuró el sumario al concluir que no se habían registrado irregularidades imputables a agente alguno en el trámite de ese acuerdo, sin embargo fue objetado por la fiscal de la causa de la quiebra, Gabriela Boquin, quien lo calificó como "ruinoso" para el Estado.

La propuesta de acuerdo suscripto entre el Correo Argentino SA y el Estado Nacional a través del exMinisterio de Comunicaciones se presentó en el juzgado que lleva adelante el proceso de quiebra, pero no prosperó luego del dictamen fiscal que lo consideró "perjudicial" para el erario público.

Al abrirse el sumario, se dispuso una "auditoria integral respecto de la actuación de los representantes del Estado" en la causa judicial por la quiebra, pero el resultado de aquella supervisión -realizada por la Procuración del Tesoro en 2018- fue que no hubo "delito alguno".

Ahora el sumario quedó reabierto luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssialis dictara a mediados de este mes un fallo en el que hizo lugar a una demanda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

"Este organismo coincide con lo señalado en la sentencia", se explicó en la resolución de la Procuración, "en el sentido de que los procedimientos sumariales deben preservar las garantías del debido proceso adjetivo y salvaguardar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva".

Por la gestión de ese acuerdo hay una causa penal que tramita en los Tribunales Federales de Retiro, a cargo del juez Ariel Lijo, un aspecto que fue tenido en cuenta por la Procuración.

"Resulta relevante la existencia de una causa penal en trámite" en la cual "se investigan hechos que prima facie guardan vinculación con los que deben ser objeto de esclarecimiento en sede administrativa", sostuvo la resolución firmada el 22 de marzo pasado y conocida hoy.

Zannini dio intervención a las Direcciones Nacionales de Sumarios e Investigaciones Administrativas y de Asuntos Judiciales del organismo.

La jueza comercial Marta Cirulli había decretado el 5 de julio pasado la quiebra del Correo Argentino SA tras dar por fracasado el proceso de salvataje.

Fuente: Àmbito