La Cámara Nacional de Trabajo concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y elevará a la Corte Suprema la causa de la CGT contra el DNU de Javier Milei.

De esta manera, la Cámara laboral concedió el recurso extraordinario presentado por el gobierno de Javier Milei a través del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. La medida tiene efecto devolutivo, lo que significa que la suspensión de la reforma laboral seguirá vigente hasta que el máximo tribunal emita su decisión.

En tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) adelantó que se presentará en calidad de amicus curiae, figura que permite participar a terceros ajenos a un proceso judicial que tienen conocimiento y competencia sobre la cuestión, en las medidas presentadas por la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CTA (Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos) en apoyo a la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que fuera suspendido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La organización fabril, que se sospecha que formaron parte del armado del megadecreto a través de un estudio de jurídico privado, indicó que se presentará "con la intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación laboral, ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias".

"Las reformas planteadas configuran el camino correcto hacia la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad y sientan las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles", expresó.

Asimismo, señaló que "en la actualidad sólo seis millones de personas tienen empleo formal en Argentina, lo que representa casi un 50% de trabajadores no registrados".

La UIA recordó que en la campaña electoral "había presentado las propuestas de su Libro Blanco a todos los candidatos presidenciales", y entre ellas destacó "la reducción de la litigiosidad que afecta principalmente a las pymes, la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal".

También enumeró "el fomento del nuevo empleo a partir de la reducción de cargas laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales; entre otras políticas que afectan la sustentabilidad de las empresas y la creación de puestos de trabajo".

En ese sentido, valoró que entre las iniciativas del capítulo laboral del DNU figuran "la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales y la modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales".