En el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia bonaerense rechazó un recurso extraordinario federal que presentó el abogado de los asesinos de Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei. La intención del letrado era acudir, si se aprobaba la petición, a la Corte Suprema de Justicia para solicitar el cese de las prisiones preventivas de los ocho jóvenes. Los rugbiers cumplen prisión preventiva desde el 10 de febrero en la Alcaldía 3 de Melchor Romero. 

El pedido de los rugbiers tomó conocimiento público en las últimas horas. La Corte, presidida por Luis Esteban Genoud, consideró “inadmisible” el recurso solicitado por  Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22). Además, se incluyó a los sobreseídos Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20).

El abogado defensor declaró que los jóvenes no habían sido escuchados y que fueron puestos en una situación total de indefensa. Por el lado de los magistrados que integran la Corte, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria y el ya mencionado Genoud, mencionaron que las prisiones preventivas no son una sentencia definitiva y, por ende, no hay lugar al reclamo. 

De este modo, los rugbiers seguirán cumpliendo prisión preventiva. Además, el 6 de octubre se realizará una audiencia preliminar por artículo 338, previo al juicio oral que dictará las sentencias. La audiencia tendrá, como objetivo, depurar pruebas y testigos que se consideren innecesarios y obstaculizadores del caso. La fecha del juicio todavía no está clara, pero habría posibilidades de que, al menos algunos de ellos, sean condenados a prisión perpetua.

Los ocho rugbiers están acusados de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Además, fueron denunciados por falso testimonio contra Pablo Ventura, un remero que nada tuvo que ver con el asesinato. El homicidio ocurrió el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche de Villa Gesell. 

Fuente: El Intransigente