El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció tras conocerse audios en los que presuntamente busca ocultar una comunicación sobre la peligrosidad de un narcotraficante en el marco de la tramitación de su pasaporte, en lo que significó un eslabón más en una larga cadena de escándalos diplomáticos de la administración de Luis Lacalle Pou.

Bustillo anunció su decisión luego de que la exvicecanciller Carolina Ache declarara en la causa iniciada por la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la entrega del pasaporte uruguayo a Marset en noviembre de 2021. Marset, hoy prófugo de la Justicia, solicitó el pasaporte uruguayo en octubre de 2021, y lo obtuvo a fines de noviembre de ese año mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En un chat de WhatsApp de noviembre de 2021, el número dos del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, describía a Marset como "un narco muy peligroso y pesado". Lo dicho por Maciel a Ache contradecía las palabras de Bustillo, quien, interpelado sobre el tema en el Senado el 22 de agosto de 2022, había señalado: "En noviembre (de 2021), ¿quién de todos nosotros sabía quién era Marset?".

Ache reiteró que no tuvo "ninguna" participación ni injerencia en la tramitación del pasaporte a Marset. Sin embargo, dijo que avisó a la oficina a cargo del trámite "que se trataba de alguien peligroso" tan pronto Maciel se lo comunicó.

El caso cayó como una bomba en un gobierno que ya venía en jaque por el presunto caso de corrupción en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, luego de que la CTM aprobara una partida extrapresupuestal de 200 millones de pesos, autorizada por Presidencia de la República, y que el Frente Amplio consideró que se trataba de casos de “corrupción” y “clientelismo”.

Estas denuncias provocaron que desde Presidencia se encomiende una revisión de los contratos y las funciones de quienes ingresaron a la comisión en este período por las designaciones directas.

Otro apuntado por la oposición fue el exjefe de la custodia presidencial uruguaya, Alejandro Astesiano, quien protagonizó varios casos resonantes.

En uno de ellos, fue detenido por integrar una organización que falsificaba documentos para la expedición de pasaportes rusos, una maniobra por la que accedieron a documentación “cientos o miles” de ciudadanos.

Meses después, el exjefe de la seguridad del presidente Luis Lacalle Pou ofreció a un empresario argentino contactos en Inteligencia y el uso de un programa oficial para intervenir celulares, lo que llevó a que el ministro del Interior del Uruguay diera explicaciones ante una comisión del Senado. Hecho calificado por dirigentes de la coalición opositora como un “escándalo sin precedentes”.

Pero, además, se comprobó que usaba las cámaras del ministerio del Interior para espiar al titular de la central sindical PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Astesiano tuvo acceso directo a los detalles de un accidente de tránsito que sufrió Abdala y recibió de inmediato informes policiales sobre el hecho, que compartió con el secretario privado del presidente, Nicolás Martínez. La central sindical de Uruguay expresó su rechazo al "seguimiento ilegítimo" de Abdala, algo que "representa un hecho de altísima gravedad y pone en jaque las mejores tradiciones del país, ya que se utiliza para esos fines los recursos y los instrumentos del Estado con una finalidad espuria".

Una larga cadena de polémicas que tiene como nexo conector la protección del prófugo argentino Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien persiguió a políticos, magistrados, fiscales y empresarios, entre ellos a los directivos del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Con el avance de las distintas causas que investigaban el rol de Rodríguez Simón en el entramado de persecución judicial que se vivió entre 2015 y 2019, el 8 de diciembre de 2020 decidió irse del país para radicarse en Uruguay.

Tiempo después, la jueza federal María Servini lo citó a prestar declaración indagatoria bajo la sospecha de que Rodríguez Simón había sido participe de la intimidación y el hostigamiento a los dueños del grupo Indalo con el objetivo de quedarse con sus empresas. En ese expediente se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos", que llevaron a cabo "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo".

El 17 de mayo de 2021 "Pepín" optó por no regresar al país y pidió asilo político a Uruguay para no compadecer ante la justicia argentina. Dos días después, Servini decidió declararlo en rebeldía. “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia”, sostuvo la magistrada. El 21 de septiembre la Interpol elevó una alerta roja para dar con su paradero. A pesar de esta situación, el operador judicial decidió seguir prófugo, condición en la que lleva más de 1.000 días.

En marzo de este año, la Corte uruguaya ya había rechazado un pedido de refugio presentado por la defensa de Rodríguez Simón. Ahora, pese a la continua protección del gobierno de Lacalle Pou, la Corte podría finalmente dar luz verde al proceso de extradición a la Argentina.


Fuente: C5N