Juan José Baric, actual juez federal en La Pampa y exsubsecretario de Política Penitenciaria del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal quedó en el centro de la investigación en la causa que investiga el cableado para espiar una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires donde iban a enviar detenidos a los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le dio impulso a una línea de investigación que había propuesto el fiscal Franco Picardi sobre cómo y para qué se instalaron micrófonos y cámaras en la Alcaidía Provincial 3 de Melchor Romero, que dependía directamente del Ministerio de Justicia bonaerense. En esa pesquisa, el rol de Baric puede ser clave.

En agosto de 2018, Baric le dijo a la directora de la alcaidía, Natalia Roussillon, que era posible que trasladaran a ese lugar a Víctor Schillaci y los hermanos Lanatta –protagonistas de la Triple Fuga al inicio de la gestión de Vidal. Si eso sucedía, querían que el lugar estuviese bien controlado y que ellos quedaran aislados. Para la seguridad de la alcaidía, Baric le dijo a la directora que iba a ir una empresa a instalar unas cámaras. También le pidió que agilizara los trámites para el ingreso de los técnicos.

Entre el 8 y 9 de agosto de 2018, una cuadrilla de Operaciones Técnicas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –no una empresa– llegó a Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas, en los locutorios en los que los presos reciben a sus familiares o abogados e incluso en las duchas. A los operarios los asistía un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que también reportaba en la AFI, Andrés Rodríguez.

A los pocos días, un penitenciario encontró un cable pintado compatible con un micrófono. Roussillon entró en pánico y pidió al director de alcaidías, Leandro Borghetti, hablar con Baric directamente. Ella le pidió que sacaran los cables. Y finalmente así se hizo.

Cuando los operarios de la AFI estaban ocupados en cablear esa unidad, otros espías estaban dedicados a visitar jueces para lograr que firmaran una orden de detención contra los Moyano. Así lo declararon tanto el juez Gabriel Vitale como su colega Luis Carzoglio.

Los dos recibieron en agosto de 2018 la visita del entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y del director de Análisis Fernando di Pasquale. A Carzoglio le dijeron que Mauricio Macri estaba “obsesionado” con la detención de los Moyano.

Algunos de los espías conocidos como Súper Mario Bros declararon en la Bicameral de Inteligencia que la alcaldía estaba siendo acondicionada para la detención de los dirigentes sindicales e incluso apuntaron contra el director de Operaciones Especiales Alan Ruiz, un hombre que había llegado recientemente a la AFI desde el Ministerio de Seguridad nacional que conducía Patricia Bullrich.

Para desandar esta línea, Martínez de Giorgi ya incorporó los testimonios de Vitale y Carzoglio y le tomó declaración a Carzoglio la semana pasada. Ahora, avanza en analizar los teléfonos de Baric, Borghetti, el asesor Fernando Manzanares, Ruiz, Rodríguez y los cuatros integrantes de Operaciones Técnicas de la AFI que cablearon la unidad (Fernando Wahler, Claudio Marcus, Emiliano Picabea y Sebastián Iglesias).