La AFIP reclamó más de 38 millones de pesos en impuestos impagos al conductor televisivo Marcelo Tinelli y logró que la Justicia ordene el embargo general de todas sus cuentas. “Decrétase preventivamente el embargo general bancario sobre fondos y valores del ejecutado por la suma reclamada en la demanda, con más el quince por ciento que se presupuesta para responder a intereses y costas”, resolvió el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Elías Alfredo Tapia.

El organismo fiscal que conduce Mercedes Marcó del Pont impulsó la ejecución de Tinelli tras determinar que acumula una deuda por más de 33,9 millones de capital en impuestos pendientes de pago desde 2019 y otros 5 millones de pesos previstos para cubrir los intereses resarcitorios y punitorios, y costas derivadas del proceso judicial, según informó el diario La Nación.

La requisitoria se concentra en el impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a 2019 y 2020, tanto por los anticipos vencidos como por un plan de pagos que caducó por falta de cumplimiento.

Voceros del popular conductor televisivo dejaron trascender que se trata de una "situación excepcional" en el marco de la pandemia, por la que no pudo afrontar vencimientos comprometidos, pero que será normalmente resuelto. También decartaron intereses políticos detrás del reclamo y resaltaron que la situación de Tinelli es compartida por muchísimos otros contribuyentes.

El año pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que Tinelli y otros empresarios argentinos figuraban en un reporte de la Unidad de Inteligencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por haber realizado operaciones con Meestral Assets, una firma de las Islas Vírgenes Británicas. Esa compañía fue reportada ante el organismo antilavado por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014. En ese momento Tinelli dijo que el dinero que transfirió era para el "pago de gastos personales" y que la cuenta utilizada no estaba declarada en ese entonces en Argentina pero fue incorporada al blanqueo de 2016.

Fuente: Página/12