La causa de la Gestapo antisindical ingresó este miércoles en la etapa de las indagatorias a los exfuncionarios que estuvieron involucrados en el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. El primero en desfilar por los tribunales federales de La Plata fue el exministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, participante de la reunión en el Banco Provincia e imputado. El exministro no declaró pero acercó un escrito en el que rechazó las acusaciones en su contra y expuso a exintegrantes de su gobierno. Por ejemplo, dijo que no conocía a la mayoría de los presentes en el BAPRO, que su ministerio no intervino en las causas contra Medina y resaltó que nunca estuvo en la AFI, en claro contraste con otros exintegrantes de la gestión provincial. Este jueves está citado el exnúmero 2 de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, y el viernes el extitular de la cartera laboral, Marcelo Villegas. Ellos sí estuvieron en la exSIDE y se contactaban telefónicamente con espías que están comprometidos en la pesquisa.

La defensa del exministro de Infraestructura, en base al contraste, no deja en una buena posición a otros exfuncionarios de Vidal que fueron parte del encuentro en el Banco Provincia, cónclave que se realizó el 15 de junio de 2017. Varios integrantes de la gestión bonaerense que fueron parte de esa reunión tuvieron vínculo con la exSIDE y con jueces que avanzaron contra Medina.
 

La presentación

El exministro Gigante se presentó este miércoles ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y la fiscal Ana Russo. El exfuncionario decidió no declarar pero entregó un escrito de 37 páginas, que pidió sea tenido como parte integrante de su indagatoria. Allí, Gigante desarrolló su estrategia defensiva y solicitó su sobreseimiento. Por ejemplo, dijo que se sintió incómodo en el encuentro en el BAPRO y que varias veces pensó en retirarse. “Frente al fastidio de la situación, decidí irme, seguramente con alguna excusa de otros compromisos”, indicó.

En una clara divisoria de aguas con respecto a otros integrantes del gobierno de Vidal y participantes de la reunión en el BAPRO, Gigante resaltó en su escrito que “no obran registros de mi presencia en ningún juzgado penal federal ni ordinario, ni mantuve encuentros con magistrados judiciales o del ministerio público fiscal durante el período de los hechos objeto del proceso; ni interactué con agentes de inteligencia por los asuntos tratados en esa reunión, ni antes ni después de ella”. Grassi, Villegas, y el intendente de La Plata Julio Garro no pueden sostener lo mismo. Los primeros dos mantuvieron contactos con el juez federal Luis Armella, quien instruyó la causa federal contra Medina, hablaban con agentes de la AFI y hasta visitaron la sede central de la exSIDE. Garro también mantenía encuentros con integrantes del organismo de inteligencia y fue el impulsor de una de las denuncias contra el referente de la UOCRA - La Plata.

 

En un pasaje central de su escrito, Gigante se explaya sobre el cónclave en el Banco Provincia, en el que participaron tres altos directivos de la AFI, empresarios y funcionarios bonaerenses como dos exministros, un viceministro, un senador provincial y un intendente. Gigante sostuvo que concurrió a esa “reunión video-filmada sin consentimiento ni conocimiento de al menos -entiendo- la mayoría de los presentes” pero que prácticamente no intervino en el encuentro. Señaló que a la reunión fue invitado por Villegas (y que en toda su gestión solo habrá estado 4 o 5 veces en la sede porteña el Banco Provincia).

“No supe hasta bien comenzada la misma, el temario concreto de la reunión a la que fui convocado, no conocía a la mayoría de los presentes, no sabía el objetivo preciso de la convocatoria; desconocía haber sido filmado - por ende nunca consentí tal grabación-; no supe ni participe en el supuesto ‘armado’ de ‘operación’ judicial ni de inteligencia ni de otra naturaleza contra Medina, sus familiares, empresas satélites, y/o personas allegadas, ni sabía que existiera plan o tarea en marcha en esa dirección”, indicó. “Jamás fui anoticiado por persona y/o funcionario alguno de tal supuesta decisión, ni sabía de la participación en la reunión de agentes de la AFI”, añadió. Así, buscó correrse de la escena comprometedora. Y un dato juega a su favor. Gigante no figura con contactos con la AFI. Por el contrario, Grassi, Villegas y Garro sí mantuvieron llamadas con agentes y visitas a la casa de los espías, tal como publicó este medio.

Por ejemplo, Grassi registró 3 ingresos a la agencia de inteligencia en plena operación Gestapo, Garro 2 y Villegas 1. Garro siempre se reunió con Silvia Majdalani, la Nº2 de la AFI. Grassi y Villegas estuvieron con el director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, y Grassi a solas con el director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano. Estos dos espías estuvieron en la reunión del BAPRO y están llamados a indagatoria.

El exministro de Vidal buscó mostrarse todo el tiempo como ajeno a la maniobra que se investiga. Dijo, por ejemplo, que “tampoco existe ni una sola mención, referencia o indicación en la que se individualice mi personal intervención en alguno de los supuestos episodios que se investigan”.

En esa línea, se quejó que debe “responder” por su “presencia ciertamente pasiva e intrascendente” en la reunión, “en la que –afirmó- no ejecuto durante su largo y tedioso desarrollo alguna acción, formulo comentario y tampoco aporto alguna opinión personal; observándose incluso con suma nitidez, que los presentes siquiera dirigieron a mi persona comentarios de alguna índole”. Está claro que buscó tomar distancia de Villegas, Grassi y los espías de la AFI.

En otro párrafo clave que marca una diferenciación con respecto a otros de los exfuncionarios involucrados, Gigante se preocupó por resaltar que “jamás tuve injerencia funcional ni personal en ninguno de los procesos penales seguidos contra los aquí querellantes y damnificados”. El caudal probatorio demuestra hasta el momento que además de la AFI quienes mantuvieron una activa participación en la avanzada judicial contra Medina fueron:

El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Era el que mantenía relación con los empresarios que denunciaron al gremialista –por ejemplo, recibió las notas con acusaciones contra Medina- pero también visitaba la AFI y la Casa Rosada además de tener un grupo de trabajo para abordar el tema “UOCRA- LA Plata” y mantener llamadas con espías imputados en esta causa, con jueces que llevaron denuncias contra el sindicalista, con la entonces gobernadora Vidal y con el procurador bonaerense Julio Conte Grand.

El subsecretario Adrián Grassi. También se reunió en la AFI con uno de los espías imputados en este caso y mantuvo llamadas en momentos clave de  la persecución judicial con el juez federal de Quilmes Luis Armellla, que era quien instruía la causa federal contra Medina, pero también con espías que participaron del encuentro en el BAPRO, con Villegas y con el procurador Julio Conte Grand.

El intendente de La Plata, Julio Garro. Desde la municipalidad a su cargo se impulsó una de las tres denuncias provinciales que se abrieron contra Medina.

 

En este marco es que Gigante resaltó que no hay registros de su presencia en juzgados ni encuentros con jueces o fiscales ni interacciones con  agentes de inteligencia: “Nunca estuve -previa ni posteriormente- en las oficinas de la AFI, no mantuve reuniones con ninguno de sus funcionarios, tampoco ni previas ni subsiguientes con autoridades judiciales ni funcionarios del ministerio público fiscal y mucho menos existe prueba y/o constancia de alguna que acredite intervención del Ministerio a mi cargo en los procesos dirigidos en contra del señor Medina”.

En otro intento por desmarcarse del resto de los imputados, se preocupó por destacar que “tampoco quedó entre alguna de mis tareas hacer algo relativo a lo conversado en esa reunión”. Y que las llamadas que mantuvo con otros imputados en esta causa fueron por otras razones relacionadas a su gestión. No obstante, reconoció que mantuvo un encuentro en oficinas de la Jefatura de Gabinete provincial, “en el que también estuvo presente el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas junto a otros ministros, y creo que el senador Juan Pablo Allan” donde se trató el tema “UOCRA-La Plata”. Allí, “se trató el estado de situación del tema UOCRA La Plata, como así, los diferentes reclamos que venían realizando los distintos actores de la actividad de la construcción quienes solicitaban al gobierno provincial mayor compromiso y acción para evitar situaciones que ellos interpretaban como una constante amenaza para sus tareas”, relató. En la agenda de Villegas se mencionan más encuentros entre funcionarios por el tema UOCRA-La Plata y figura que Gigante fue de la partida.

Gigante se preocupó por destacar que “el ministro Villegas no me pidió en ningún momento ‘conseguir notas’ de las empresas/empresarios para iniciar una ‘operación en perjuicio del Pata Medina’. Jamas lo hubiera hecho”, dijo. Pero en su cartera se recibieron notas que luego fueron giradas a la cartera laboral. Esas notas de los empresarios con cuestionamientos contra Medina, que finalmente se presentaron en el ministerio de Trabajo a cargo de Villegas, alimentaron la causa federal contra el gremialista que instruyó el juez Armella. Porque Villegas las llevó a sede judicial y Armella se tomó de ellas para citar a los empresarios como testigos en ese expediente.

El exministro de Vidal también se vicitmizó y habló de los “problemas” que le causa este proceso penal en su contra: mencionó “irreversibles efectos negativos” para su entorno familiar y para él. En una lectura curiosa, el exfuncionario criticó que su sola presencia en la reunión implique una investigación penal en su contra. Lo cierto es que Gigante participó de un encuentro con agentes de la AFI, empresarios y otros funcionarios donde se habló claramente de coordinar una avanzada judicial irregular contra Medina. De hecho, después de ese encuentro, Medina fue detenido. El cónclave se realizó en la sede porteña del Banco Provincia donde no se dejó registro de los ingresos de los participantes y fue filmada por la exSIDE. No parece descabellado que se lo cite a prestar declaración indagatoria, que se trata del primer acto de defensa que tiene un imputado.

A sabiendas de lo comprometedora que fue esa reunión, en su estrategia defensiva el exministro buscó quitarle valor: dijo que cuando se anotició del escándalo por los medios, no recordaba el encuentro. “No lo había considerado de trascendencia para mi gestión”, señaló. Y resaltó que “tampoco” durante el cónclave “a mi entender, presencié ni tomé conocimiento de la comisión de delitos”. Esta última aclaración no es azarosa: Todo funcionario público está en la obligación de denunciar los delitos de los que toma conocimiento.

Por eso, Gigante insistió en otra parte de su escrito, que la reunión “no importó en sí misma la ejecución de un delito” y que no advirtió que allí “se cometiera uno, ni queda claro que pueda haber sido una suerte de acto preparatorio”. Pero las pruebas hasta ahora reunidas en el expediente demuestran otra cosa. De hecho, inmediatamente después del cónclave en el Banco Provincia, en distintos tribunales se desarrollaron las estrategias judiciales irregulares contra Medina que se conversaron en aquel encuentro. El sindicalista, post reunión en el BAPRO, quedó con cuatro procesos penales abiertos (3 provinciales y uno en la Justicia federal). Y en los cuatro se ordenó su detención.

El vínculo con Conte Grand

Gigante también dedica un apartado de su presentación a su vínculo con el procurador bonaerense Julio Conte Grand. Su defensa no hace más que reflejar que lejos está el jefe de los fiscales de la independencia que requiere su cargo. Por el contrario, su paso previo como secretario de Legal y Técnica de Vidal expone el vínculo estrecho que mantenía Conte Grand con el gobierno de Cambiemos. El Destape, por ejemplo, dio cuenta de los diversos llamados que el procurador mantuvo con Vidal y con Villegas en plena avanzada de la operación Gestapo. 

“En particular, se hace mención a las llamadas con el Procurador Julio Conte Grand. Poco hay para decir sobre esto, nunca he conversado respecto del tema UOCRA con el Procurador de la Provincia”, indicó. “De existir llamados pueden ser por cualquier tema”, dijo. “Hay que saber que he trabajado en conjunto con Conte Grand durante muchos años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue Procurador General, y casi a diario en el lanzamiento del gobierno de la PBA cuando en su caso ocupaba el cargo de Secretario Legal y Técnico de la Gobernadora”, agregó sobre el jefe de los fiscales bonaerenses. El abogado defensor del Pata Medina, César Albarracín, pidió la imputación de Conte Grand en este caso. En la reunión en el BAPRO, Villegas dijo que contaba con el soporte de la Procuración.

 

Incompetencia y nulidad

En la presentación judicial de este miércoles, el exministro de Vidal también dejó abierta la posibilidad de reclamar la incompetencia del juzgado federal de La Plata. Y cuestionó la validez de la grabación del encuentro que se realizó en la sede porteña del Banco Provincia, el 15 de junio de 2017. Se trata del elemento que abre esta pesquisa, que fue hallado por la intervención de la agencia de inteligencia.

“Deseo impugnar como medio de prueba la grabación de video que diera origen a la denuncia y de todos los actos consecuentes procesales que pudieran considerarla, en función de la teoría del fruto de árbol envenenado”, resaltó Gigante. Considera que es una prueba ilegal. No obstante, no hizo el pedido formal de nulidad. Decidió esperar otro momento para hacerlo.

La agenda de citaciones

Tras la declaración de Gigante y de los empresarios que participaron de la reunión en el BAPRO, el cronograma de indagatorias en esta causa que complica a Vidal y a Macri continúa de la siguiente manera:

 

Este jueves está convocado el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi.

El 18 será la indagatoria de Villegas.

El 21 de marzo, el juez Kreplak llamó al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, ex integrante del Consejo de la Magistratura provincial y participante de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia. Para que declare el legislador, el juez pidió su desafuero.

El 23 de marzo, quien deberá presentarse es el intendente de La Plata, Julio Garro.

El 25 de marzo está convocado el ex jefe de gabinete de la AFI, Darío Biorci, cuñado de Silvia Majdalani.

El 29 de marzo quien deberá concurrir a tribunales es el ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián “Enano” De Stéfano.

Y el 31 de marzo cerrará esta primera tanda de indagatorias el ex director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra.

Tras las indagatorias, el juez Kreplak deberá resolver la situación procesal de los indagados. Es decir, deberá definir si los procesa, sobresee o dicta la falta de mérito. No se descarta que el magistrado realice una nueva tanda de indagatorias. En el caso está imputada Vidal, se entrecruzaron los llamados del juez federal de Quilmes, Luis Armella, y la querella llegó a pedir la imputación del procurador bonaerense Julio Conte Grand, del ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, de su segunda Majdalani, y del expresidente Mauricio Macri.


Fuente: El Destape