El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue imputado este viernes en Salta, junto a cuatro de sus socios en esta provincia, por estafas reiteradas y asociación ilícita por 60 denuncias que investiga la fiscal de Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

 

Fuentes del Ministerio Público salteño informaron que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó provisionalmente a Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, como coautores de los delitos de estafas reiteradas en 60 hechos y asociación ilícita, en concurso real. Todos estos últimos se abstuvieron de declarar e informaron que presentarán su versión de los hechos por escrito.

Durante la audiencia, Cositorto fue asistido por una abogada particular, aceptó declarar, aunque no quiso contestar preguntas. Los voceros destacaron que en todo lo que duró el procedimiento, el CEO de Generación Zoe aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio. Los otros cinco imputados fueron trasladados nuevamente a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, donde Cositorto, que el jueves fue trasladado desde Córdoba, permanece detenido y quedará alojado hasta el lunes próximo.

La investigación comenzó con denuncias recibidas en los últimos meses por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con sede en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782, de la capital provincial. Durante la investigación determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso llamados membresía educativa o inteligente, cuyo importe variaba entre los USD 500 y 1.000.

A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual, y las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas. Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil online de Zoe, un incremento de capital del 20% en calidad de bonificación educativa, es decir que, si una persona invertía u$s500, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía u$s600. El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital.

La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, a la cuenta de Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.


Fuente: C5N