Factor Pepin: el circuito de llamadas del operador judicial de Macri que expone a la Mesa Judicial Pro

Se llama Fabián Rodríguez Simón pero todos lo conocen como “Pepín”. Su bajo perfil es el reverso de una fuerte influencia en el entorno de Mauricio Macri en temas judiciales. Proveniente del estudio Llerena, uno de los más poderosos de la city porteña, “Pepín” Rodríguez Simón fue un hombre clave en el dispositivo de persecución ejecutado desde la Mesa Judicial que operaba en la Casa Rosada en la era Macri. Un informe de la oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema, pedido en el marco de la causa que investiga las presiones al Grupo Indalo, comienza a delinear cómo era el circuito de llamadas entre este operador, ministros, jueces y periodistas. Un circuito del lawfare.

El informe, en el que constan las llamadas entrantes y salientes del teléfono de “Pepín”, se sumó al expediente en que se investiga el intento de desguace del Grupo Indalo por parte del gobierno de Cambiemos para poder apoderarse de él.  Eso incluyó las detenciones de sus dueños, Cristóbal López y Fabián De Sousa, en el marco de una causa por una deuda impositiva que luego los peritajes demostraron inexistente.

El entrecruzamiento de llamadas lo ordenó la jueza María Romilda Servini, lo realizó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y fue clave para el llamado a indagatoria de “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los integrantes de la Mesa Judicial Pro, desde donde se coordinaban las estrategias judiciales para perseguir opositores. El ex asesor presidencial fue citado a declarar el 26 de mayo.

En el trabajo de la DAJuDeCO se analizaron, a pedido de Servini, los contactos telefónicos de “Pepín” entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. El resultado arrojó que mantuvo 9.513 llamadas (entrantes y salientes) además de más de mil registros en el buzón de voz. Entre los contactos se destacan:

59 llamados con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz.

17 con el otro supremo que designó Macri, Horacio Rosatti.

162 con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.

Más de 1.100 llamados con abonados del Gobierno de la Ciudad.

Cerca de 1.000 llamados más con la cúpula del Poder Ejecutivo de la Nación. Desglosado, incluyen: 99 llamados con abonados de Presidencia; 477 con abonados de la Secretaría General de la Presidencia; más de 340 llamados con abonados de la jefatura de Gabinete; y 29 con la Secretaría de Legal y Técnica, comandada por otro miembro de la Mesa Judicial, Pablo Clusellas.

146 llamados con personas vinculadas al Banco Finansur, de donde salió parte del dinero que tenía José López en sus bolsos.

38 con el socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat.

15 con el asesor presidencial José Torello, que fue quien acercó a “Pepín” a Macri y también integraba la Mesa Judicial Pro.

Hay contactos con varios actores del caso Correo, que tanto preocupaba a Macri.

231 llamados con abonados del Grupo Clarín, entre ellos 182 llamadas con Ricardo Roa, el número 2 del diario, y 23 con Nicolás Wiñazki.

129 contactos con el diario La Nación, entre ellos 17 con Hugo Alconada Mon, el escriba de la avanzada contra el Grupo Indalo.

23 llamadas con Ernesto Sanz, a quien Macri puso como intermediario para hacerse del Grupo Indalo, según relató Cristóbal López en sede judicial.

Todos estos llamados no se explican por la función institucional de “Pepín” Rodríguez Simón, que durante el Gobierno de Macri fue diputado del Parlasur, director en YPF y tenía a su vez un contrato millonario con la Lotería porteña. Acostumbrado a manejarse en las sombras, la presencia mediática de “Pepín” es prácticamente nula. El Destape reveló en mayo de 2018 los millones que el Estado le pagaba a este “asesor presidencial”. 
 

“Pepín” tampoco es un hombre ajeno a los problemas judiciales. Fue procesado en varias oportunidades por su paso por la patota de la UCEP y por administración fraudulenta de un banco. De fuertes vínculos con el Grupo Clarín (llegó a escribir un libro donde aseguraba que la Corte iba a declarar inconstitucional la Ley de Medios Audiovisuales, hoy ubicable en saldos), Rodriguez Simón acompaña a Macri desde su paso por la jefatura de Gobierno porteño y es parte del esquema de fundaciones que revolean dinero del y para el PRO. Fue diputado por el macrismo en el Parlasur, donde encabezó una cruzada para que esos parlamentarios regionales no cobraran su sueldo.

Que hiciera todos esos llamados y con esas personas es un fuerte indicio de su rol en la Mesa Judicial de Macri.

Los múltiples llamados con los cortesanos Rosenkrantz y Rosatti, por ejemplo, tienen relación con el origen de su nombramiento. Fue “Pepín” quien le acercó a Macri la idea de nombrarlos por decreto, sin pasar por el Senado como establece la ley. Parece que la relación siguió una vez nombrados en la Corte, pese a que “Pepín” no tenía ningún cargo institucional que justificara esos llamados constantes.

Llamados y publicaciones

El 6 de julio de 2016, “Pepín” tiene al menos tres llamados con periodistas de La Nación y dos con un abonado de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado convertido en máquina de persecución de kirchneristas. Al día siguiente, la Nación publicó en portada como nota principal: “La Justicia le impide a Cristina Kirchner disponer de sus bienes”. En la bajada decía: “El juez Bonadío dictó la inhibición de todas sus propiedades y muebles registrables; la expresidente denuncia al magistrado y a la diputada Stolbizer, a quien tildó de burra”.

Pero eso no es todo. En la portada como segunda y tercera nota de relevancia puede leerse: “Perez Corradi dijo que Aníbal es la Morsa” y una afirmación de Mauricio Macri: “Todos tienen que saber que no hay más impunidad’”. “El Presidente dijo que impulsará la remoción de los jueces que hayan demorado causas”, se aclara en la tapa del matutino porteño.
 

Dos días después, el 8 de julio de 2016, La Nación tituló: “Congelaron las cuentas bancarias de Cristina Kirchner”. Casualidades de los tiempos macristas: el día previo, Pepín había hablado con el procurador del Tesoro, Carlos Balbin, y el ministro Germán Garavano en reiteradas ocasiones.

Entre el 13 y 14 de julio de 2016 también hay sucesivos llamados de Rodríguez Simón con abonados de Clarín (al menos 3) y La Nación (al menos 2). También con el procurador del Tesoro, Balbín.

El 14 de julio, por ejemplo, Clarín publicaba en portada: “Florencia K hizo en sus cuentas operatorias sospechosas”. Como subtítulos de ese título principal se leen también: “Revés para Cristina”. Y “Cristóbal López. Inhibieron todos los bienes del empresario”.

Por su parte, el sábado 16 de julio, la Nación, es decir, dos días después de que abonados del diario se contactaran con Pepín, publica en portada que “Embargan a Florencia Kirchner y apuntan a cristina”.

Ese mismo sábado, Clarín publicó como segunda nota en portada: “Cristina ocultó dinero en las cajas de su hija”. El día previo, el 15 de julio, y ese mismo sábado, un importante editor de Clarín se había contactado con Rodríguez Simón.

El 15 de diciembre de 2016, Pepin tiene al menos dos comunicaciones con abonados del Grupo Clarín. Al día siguiente, la portada de Clarín titula: “Intervienen la empresa de los Kirchner y Máximo ya no administrará la herencia”.

Sanz, Macri y el Grupo Indalo

Un párrafo aparte merecen los llamados entre Pepín y Ernesto Sanz, quien fuera miembro de la mesa chica de Cambiemos. Hay 23 llamados entre ellos.

Según declaró Cristóbal López, uno de los dueños del Grupo Indalo, “Macri decidió poner a Ernesto Sanz de mediador” para intentar sacarles las empresas. El dirigente radical, de acuerdo a la testimonial del empresario, mantuvo una conversación por el tema con De Sousa. “Nos reunimos en el estudio de él, cerca del Congreso”, especificó López. “Dijo que iba a hablar con (Alberto) Abad”, mencionó en referencia al entonces titular de la AFIP, quien también está complicado en esta causa. El comprador interesado era Matías Romero Zapiola, uno de los tantos compradores que intentaron imponer desde el gobierno macrista para quedarse con el grupo de López y De Sousa. Como los sucesivos intentos de compra fracasaron luego se impulsó la detención de los empresarios.

Otro apartado merecen las comunicaciones con Alconada Mon, que fue quien lideró la avanzada mediática contra el Grupo Indalo, el que publicó que los empresarios López y De Sousa tenían una deuda con la AFIP que luego los peritajes desmintieron, el que tuvo la “primicia” de que el empresario Ignacio Rosner se había quedado con Indalo y el mismo que cuando fue citado a los tribunales por sus notas no pudo justificar un sólo dato.

Alconada Mon podrá alegar que se trataba de una relación con una fuente periodística. Pero sus notas y los aprietes del gobierno de Macri al Grupo Indalo dan toda la impresión de ser amigovias.

Un cafecito

El informe que deja al desnudo el circuito de llamadas de “Pepín” Rodríguez Simón lo realizó la DAJuDeCO, la mini SIDE que manejan los jueces federales desde que Macri les transfirió la oficina de escuchas.

Quien está al frente de la DAJuDeCO es el juez Martín "Doctrina" Irurzun. En teoría el cargo se sorteó, pero no hay ningún registro de que Irurzun saliera desinsaculado, la palabreja que utilizan en tribunales para decir sorteado. Es decir, alguien lo puso a dedo.

En septiembre de 2018 hubo una reunión entre “Pepín” Rodríguez Simón e Irurzun. La reveló Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna. “Sólo Irurzun y Rodríguez Simón podrían contar cuál de estos temas formó parte de la animada conversación que sostuvieron durante la última semana, en el bar Biblos, de Libertad y Santa Fe”, publicó junto a la foto del cafecito que se tomaron.

Junto a Irurzun entró a trabajar Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez Ariel Lijo. Rodríguez Ponte fue quien estuvo a cargo del día a día de esta oficina que se ocupó durante todo el macrismo de filtrar escuchas a algunos medios y es quien firma ahora este informe que involucra a “Pepín”.

La Mesa Judicial

Los registros de llamadas entrantes y salientes de Pepín reflejan una parte del circuito del Lawfare, impulsado por la Mesa Judicial Pro (este entramado político-judicial se investiga en otra causa que tramita en Comodoro Py, que está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi).

Según la denuncia –que entre otros fue impulsada por Martín Soria, recientemente designado ministro de Justicia de la Nación-, la Mesa Judicial estaba integrada por una decena de funcionarios y dirigentes cambiemitas, entre los que se cuenta Rodríguez Simón y muchos de sus contactos.
 

Por ejemplo, uno de los imputados en la causa de la Mesa Judicial es el exministro Germán Garavano, quien tiene 162 llamadas con Pepín.

Otro de los imputados en la mentada causa que instruyen Capuchetti y Picardi es el exasesor presidencia, José Torello, con quien Rodríguez Simón entabló al menos 15 llamados. Torello, proveniente del Cardenal Newman y también del estudio Llerena como Pepín era el apoderado del partido de Macri a nivel nacional. Su cargo formal en el gobierno de Macri fue el de Jefe de Asesores, que no tiene responsabilidad ejecutiva pero sí una oficina en la Casa Rosada, bien cerca del Presidente.

Del teléfono de Rodríguez Simón se desprenden al menos 29 llamados con un abonado de la secretaría de Legal y Técnica, que estaba a cargo de otro de los imputados de la Mesa Judicial, Pablo Clusellas.

De acuerdo a los denunciantes la “mesa judicial” constituyó “una fuerza de tareas ilegal que, al margen de toda institucionalidad, utilizó los recursos de la administración pública para cooptar y disciplinar al Poder Judicial, intentando convertir al sistema penal en una herramienta política”. El propio Macri está imputado en ese expediente. De más está decir que Pepín tenía un vínculo fluido con el entonces mandatario.

Fuente: El Destape