Este primero de febrero finalizó la feria judicial y los jueces de la Corte Suprema se encontraron con una noticia. Aunque planeaban diagramar en persona una estrategia contra el juicio político que avanza en el Congreso, el oficialismo se adelantó con una presentación que amplía su recusación. Este mismo miércoles, organizaciones referenciadas en el oficialismo marcharon en Buenos Aires y Córdoba bajo la consigna "Fuera la mafia judicial".

En diciembre, el Gobierno había realizado una presentación judicial donde solicitaba revocar el fallo que realizó la Corte Suprema de Justicia sobre la distribución de los fondos coparticipables de la Nación y proponía su recusación para que los cuatros miembros del máximo tribunal cesen en su intervención en el reclamo.

Este miércoles, el documento rubricado por Carlos Zannini, que actualmente es titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, solicita que sean convocados conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, para resolver la recusación contra los integrantes de la Corte Suprema. “Estará en juego la confianza de la sociedad en la imparcialidad, objetividad y transparencia del Poder Judicial de la Nación”, sostuvo en el texto.

Entre los argumentos, Zannini interpretó que "existe un cuadro de situación de una gravedad inédita; en el que está bajo severas sospechas el ejercicio de sus cometidos por el máximo Tribunal”, y entendió que es necesario "expedirse sobre la recusación al doctor Rosatti, que puede significar un punto de inflexión en la vida de las instituciones de nuestra República”.

En ese sentido, ejemplificó sus acusaciones con la “aparición de mensajes presuntamente intercambiados con el señor Silvio Robles; es decir, el mismo funcionario de la Vocalía del doctor Rosatti cuya conducta motivó la anterior recusación formulada”, en referencia de sus conversaciones con Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad.

Sin embargo, el texto aclara que “escapa a esta representación estatal cualquier apreciación acerca del origen de esos 'chats', sobre quien y en que circunstancias los obtuvo, y respecto de su valor probatorio en relación con la presunta comisión de ilícitos de naturaleza penal”.

Mientras tanto, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continúa el debate de los distintos puntos de las acusaciones contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El 9 de febrero es la fecha estipulada por los legisladores para definir la admisibilidad de todas las denuncias.


Fuente: Àmbito