El oficialismo en la Cámara de Senadores tiene decidido darle el acuerdo al pliego de la jueza Ana María Figueroa, la camarista que fue desplazada por la Corte tras cumplir los 75 años de edad y que debía fallar sobre la reapertura de la llamada Causa Hotesur-Los Sauces en la que se encuentra imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

De hecho, tras el desplazamiento de Figueroa, la Cámara votó a favor de que se inicie el juicio oral, en el que también debería comparecer el diputado nacional Máximo Kirchner.

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“La ratificación del pliego de Figueroa fue un pedido expreso del Poder Ejecutivo que es lo que corresponde. Ella estuvo en la audiencia pública (de la Comisión de Acuerdos), tuvo un comportamiento impecable, no tuvo impugnaciones y, por ahora, no hubo ningún pedido de retiro del pliego”, aseguró el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans en declaraciones radiales.

El legislador agregó que “no se puede quitar el pliego de entre los Acuerdos a ratificar por pedido de la Corte” y afirmó que “el que tiene potestad para designar es el Senado” ya que, explicó, “la Corte hace una interpretación ajena a la Constitución”.

Mayans advirtió que “la Corte no tiene nada que hacer en este caso. No hay un conflicto de poderes”.

“Esto nunca paso”, repetían hoy los jueces consultados por Télam en relación a la posibilidad de que, luego de haber sido cesada en su cargo por la Corte Suprema de Justicia, la ahora exjueza consiga acuerdo del Senado para continuar ejerciendo la magistratura por cinco años más.

La sola hipótesis ya había generado durante la mañana del viernes cierta inquietud en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, dónde está la Casación Penal Federal: “Estamos ante un posible conflicto de poderes”, coincidieron las cinco fuentes consultadas.

Si el Congreso presta acuerdo a Figueroa para continuar ejerciendo como jueza y el Ejecutivo publica el decreto en el Boletín Oficial, ella tendría en sus manos elementos que la legitimarían a presentarse en el primer piso de los tribunales de Retiro y dirigirse al despacho que supo ocupar hasta principios de septiembre para continuar su labor.

En ese escenario inédito, es de esperar que de oficio la Cámara de Casación, ahora bajo la presidencia del juez Mariano Borinsky, informe la novedad al Consejo de la Magistratura para que sea este órgano el que formalmente determine los pasos a seguir y habilite, o no, a Figueroa a continuar en el cargo.

Si el Consejo de la Magistratura decidiera hacer prevalecer la resolución de la Corte, Figueroa podría litigar en el fuero contencioso administrativo e incluso, para evitar demoras, plantear un per saltum para llegar directo al máximo tribunal.

Si el caso llegara a la Corte, deberían designarse conjueces porque la resolución del pasado 6 de septiembre que cesó a Figueroa en el cargo fue adoptada por unanimidad por los cuatro ministros que actualmente integran el máximo tribunal.

Fuente: C5N