Denuncian una operación del macrismo para desacreditar la Comisión Bicameral de Inteligencia
Este martes el presidente de la comisión, Leopoldo Moreau, fue denunciado penalmente. El jueves habrá una reunión plenaria de la bicameral en la que se buscará ratificar el trabajo que realizó sobre el espionaje macrista.
El presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia (CBI), Leopoldo Moreau, denunció que hay una operación en curso del macrismo en connivencia con los medios concentrados que apunta a desacreditar el trabajo que realizó la bicameral sobre el espionaje ilegal macrista. La avanzada incluye denuncias penales en Comodoro Py, notas agraviantes publicadas en los medios hegemónicos y críticas que van desde Mauricio Macri a los legisladores cambiemitas que forman parte la Comisión de Inteligencia.
En pos de contrarrestar la operación, se convocó para este jueves a las 15.30 a una reunión del plenario de la comisión. Se tratará el accionar del organismo a partir de una denuncia de irregularidades en la causa que tramita contra Camioneros en la Justicia de San Nicolás. Ese fue el caso que disparó esta avanzada. A la vez, el oficialismo buscará respaldar lo desarrollado hasta ahora por la CBI. Por ejemplo, se pasará revista del estado de las actuaciones del expediente parlamentario “Gestapo antisindical”, por el que se está citando a diversos exespías de la AFI al Congreso. La CBI tiene una función de control tanto de los agentes de inteligencia como de las escuchas telefónicas que se realizan desde la DAJUDECO.
En el marco de la arremetida opositora, este martes Moreau fue denunciado penalmente en Comodoro Py. Al diputado nacional del Frente de Todos (FdT) se lo acusó de abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público. La presentación la realizó el denunciador serial relacionado a la oposición Santiago Dupuy de Lome. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal Nº 12 del edificio de Retiro.
El sábado, Moreau había advertido que “en los próximos días se pondrá en marcha un operativo de denuncias judiciales con complicidad mediática que tiene como objetivo desacreditar el accionar de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los servicios de Inteligencia que contribuyó a desnudar el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia democrática de nuestra patria”. No se equivocó.
Este martes, el diputado nacional volvió a escribir en la red social: “Hace dos días anuncié que el macrismo impulsaría denuncias judiciales para desacreditar a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Ya empezaron. Sacaron a la cancha a su denunciador serial preferido, Santiago Dupuy de Lome que se presentó en Comodoro Py a denunciarnos”, indicó.
Para Moreau, “es la vendetta mafiosa. No soportan que hayamos contribuido a desnudar el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia argentina. Ahí está con su amigo Macri. #NuncaMas”, tuiteó. Y acompañó el texto con una fotografía de Dupuy de Lome junto a Macri.
El disparador
El disparador de la embestida opositora contra Moreau fue el accionar de la comisión bicameral de inteligencia en un caso que tiene a dos integrantes del sindicato de Camioneros detenidos, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, y a otros seis imputados en el marco de una huelga. Se trata de una causa que tramita en la justicia de San Nicolás que se abrió por una denuncia de la firma Distribuidora Rey, que está representada legalmente por la abogada Florencia Arietto, exasesora de Patricia Bullrich. Hubo allanamientos en la sede local y la central del gremio que conducen los Moyano. Los dos gremialistas detenidos están acusados de “turbación” en el marco de una huelga y extorsión.
La avanzada contra Moreau se inició luego de que el 10 de mayo pasado el abogado del sindicato de Camioneros, Javier Moral, se presentara ante la bicameral de inteligencia y denunciara que en la causa contra Camioneros se repite la matriz del caso Gestapo antisindical. Según la denuncia, en la causa –que se inició en febrero de 2021- se encontró un legajo reservado en el que constan transcripciones de escuchas a abogados y clientes (al menos 3). Eso está prohibido por ley. En el mismo legajo, de acuerdo a la denuncia del gremio, constan intercambios de mensajes entre uno de los miembros de la empresa y un “empleado infiel” del sindicato que le entregó información confidencial de Camioneros a cambio de dinero. A la vez, lo fue guiando sobre los pasos a seguir en su presentación y hasta le comentó de sus vínculos con periodistas que reportan en medios ultraopositores. Esa persona que pasa la información, sospechan en Camioneros, podría ser un infiltrado relacionado de alguna manera a los servicios de inteligencia.
En ese marco, la comisión de inteligencia que preside Moreau realizó una serie de pedidos. Eso detonó a la oposición, que activó la operación contra el presidente de la bicameral parlamentaria.
¿Qué solicitó Moreau desde la CBI? Lo que requiere en casos similares. Por un lado, pidió copia del expediente a la jueza que estaba al frente de la pesquisa, María Eugenia Maiztegui. Hizo lo propio con la fiscal del caso, María Del Valle Viviani. La fiscal se negó a enviar lo pedido por lo que la comisión se limitó a requerirle el legajo reservado del escándalo. A la par, la bicameral parlamentaria le consultó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) sobre las pinchaduras que hubo en la causa mencionada (la comisión tiene por función "controlar" a la DAJUDECO). Y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le preguntó si el vendedor de información está relacionado a la agencia.
La reacción opositora fue inmediata. La jueza Maiztegui apenas anoticiada del pedido de la CBI pidió licencia. El 11 de mayo, el periodista de Clarín Daniel Santoro –quien estuvo procesado en una causa de espionaje ilegal junto al espía ilegal Marcelo D’Alessio- publicó: “Denuncian que Leopoldo Moreau buscaría interferir en la causa en que están detenidos dirigentes de Hugo Moyano”. Adelantó que “le harían una denuncia penal por ‘carecer de facultades legales’” para pedir copia del expediente a la jueza de San Nicolás.
A la par, el 12 de mayo, los diputados del JxC, Cristian Ritondo y Gerardo Milman, que integran la CBI, le elevaron una nota a Moreau en la que definieron como “unilateral y arbitraria su decisión” de requerirle información a la jueza y fiscal del caso. Sostuvieron que lo hizo “sin ostentar representación alguna de esta Comisión”, lo que derivó en una respuesta de Moreau. El propio Milman había presentado un proyecto en abril en la Cámara de Diputados en la que solicitaba al Ejecutivo que vía el Ministerio de Trabajo “tome las medidas necesarias para la cancelación de la personería gremial del Sindicato de Camioneros”. Estuvo acompañado por Ritondo y otros 13 cofirmantes entre los que figuraba, por ejemplo, María Eugenia Vidal.
El 13 de mayo, el diario La Nación publicó que la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) manifestó su preocupación por la situación de la jueza Maiztegui.
Hasta el propio Macri se hizo eco del caso y el 14 de mayo se solidarizó con la jueza Maiztegui desde su cuenta de Facebook: "Quiero compartir mi preocupación por la salud de la jueza María Eugenia Maiztegui, de San Nicolás”, escribió el ex presidente. Y agregó que se comunicó con Ariel Rey, el dueño de la empresa denunciante, "para expresarle mi apoyo ante un momento dificilísimo para él, su familia y los empleados de la distribuidora". "Es lamentable que el kirchnerismo, en lugar de defender la integridad de las personas y de la empresa bloqueada” se “ponga claramente del lado de los acusados utilizando artilugios legales para intimidar a la jueza con pedidos extemporáneos", dijo Macri.
Un día después, el 15 de mayo, la abogada y exasesora de Bullrich, Florencia Arietto, tuiteó contra Moreau: “Yo te voy a denunciar por obstrucción de justicia y abuso de autoridad en representación de la familia Rey, dueños de una pyme sanpedrina extorsionada por la mafia sindical de camioneros. Voy a pedir ser querellante. No te tengo miedo ni a vos ni a tus escraches”. Y agregó, dando cuenta lo que incomodaron los pedidos de la CBI: “También deberías explicar por qué te arrogarse facultades jurisdiccionales en la comisión y arrancaste confesiones extrajudiciales que luego fueron usadas como escrache en los medios k o para armar causas penales. Te faltó la picana nomás. Se llama apremios ilegales”.
Este martes, el juez Román Parodi, que reemplaza a Maiztegui tras su pedido de licencia, ordenó la prisión preventiva domiciliaria de los dos gremialistas de Camioneros imputados por extorsión, Cabaleyro y Espíndola. A la par, ordenó que se investigue en una causa aparte si se cometieron delitos de acción pública en el legajo reservado cuestionado por la defensa, que motivó el accionar de la CBI.
La avanzada del macrismo sobre los Moyano no sorprende. Cuando Macri ejerció la Presidencia de la Nación, dos directivos de la AFI visitaron al juez de Avellaneda Luis Carzoglio para presionarlo con un solo objetivo: que detuviera a Pablo Moyano. Carzoglio, justamente, declaró sobre esta “visita” en la comisión bicameral de Inteligencia (y luego lo hizo en la Justicia).
En este contexto, desde la CBI se convocó a una reunión de plenario para este jueves. Se espera un fuerte respaldo a Moreau. El bloque de Diputados del Frente de Todos emitió un comunicado de apoyo al presidente de la comisión este lunes. En el escrito se respaldó el trabajo de la bicameral, “en tanto contribuyó significativamente al esclarecimiento del plan sistemático de espionaje ilegal más importante del que se tenga memoria en democracia, perpetrado por el Estado”. Por ejemplo, publicó un voluminoso informe que da cuenta del espionaje ilegal macrista entre 2016 y 2019 y se presentó como amicus curaie en una causa emblemática que da cuenta de las tareas ilegales que desplegó la AFI macrista, la de los Super Mario Bros.
La nueva operación del macrismo no es ingenua. Busca deslegitimar a la comisión justo después de que convocara a prestar testimonio en el marco de la causa Gestapo antisindical a los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Y cuando apunta a un caso en el que podría desvelar prácticas similares a las que se desarrollaron contra el sindicalismo cuando Macri fue presidente.
Fuente: El Destape
