Con independencia de su orientación política, el conjunto de la prensa local identifica a Rodríguez Simón como asesor de Macrì. Cierto, pero incompleto, desde que se omite su relación con Rodríguez Larreta. Antes de mudarse a Montevideo, Rodríguez Simón vivía sobre la Avenida del Libertador a pocos metros del alcalde porteño, con quien mantenía contacto permanente. Incluso organizaba en su domicilio encuentros discretos con personas con las que el jefe de gobierno prefería no ser visto en público, y que llegaban al piso de Rodríguez Simón en momentos distintos previamente pactados y podían entretenerse con su pinacoteca y su biblioteca mientras aguardaban al comensal. La causa por la que fue citado a defenderse lleva como carátula Macrì, Maurizio y otros s/Asociación Ilícita, fue iniciada por Fabián de Sousa y en parte versó sobre la presión de Rodríguez Larreta sobre Cristóbal López, su socio en la explotación del juego Federico Achával y el propio De Sousa. El  motivo era la negativa de López al “pedido expreso de Macrì” para que “las empresas de medios del Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a la ex presidenta CFK”. A Achával le habrían exigido que pagara el impuesto a los ingresos brutos por la explotación de máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. Achával se negó, aduciendo que la concesión fue iniciada por el gobierno nacional antes de la autonomización porteña, pero terminó por aceptar ante la amenaza de encarcelarlo, como a De Sousa y López. En julio de 2016, luego de una reunión en la Casa de Gobierno, donde le transmitieron el ultimátum, Achával se dirigió a una escribanía, donde dejó constancia de lo sucedido. La defensa mediática de Rodríguez Simón es precisamente que lo persiguen por conseguir que los empresarios del juego paguen impuestos, como repitió su valedora Elisa Carrió, quien cree en las esencias platónicas: López y De Sousa “son ladrones” y Alberto Abad “el mejor funcionario público de la historia argentina” (sic). Pero por razones que no ha explicado en forma convincente, Rodríguez Simón prefirió negarse a la indagatoria a la que lo citó Servini, que sin duda giraría sobre hechos y no en torno a ideas filosóficas. Entonces sí, la jueza lo declaró en rebeldía, pidió su captura internacional con fines de extradición, dispuso la inhibición general de sus bienes y le congeló las cuentas bancarias. Tampoco ella fue demasiado precisa: Interpol le reclamó más información sobre el imputado y el delito que habría cometido, antes de tramitar la solicitud. La propia resolución judicial dice que no se estableció en forma fehaciente su condición de funcionario público. Servini explicitó que los delitos que investiga no son políticos. También precisó que hasta ese momento no había adoptado ninguna medida restrictiva respecto de Rodríguez Simón. Tampoco hay miembros del actual gobierno entre los querellantes.

Esta semana, la jueza recibió el segundo informe de la Dajudeco con los entrecruzamientos telefónicos que había pedido y que el hombre fuerte de la Cámara Federal, Martín Irurzun, intentó restringir, a solicitud de Macrì, su jefe de asesores José Torello y Rodríguez Simón. Pero los camaristas de Casación Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Don Eduardo Riggi revocaron esa decisión. Sería excesivo decir que Irurzun y Pepín son amigos, pero tienen la familiaridad de quienes estuvieron cerca de convertirse en consuegros, hasta que cesó el noviazgo entre sus hijes. 

Fuente: El Cohete a la Luna