En una nueva maniobra dilatoria en el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti impide que los abogados de CFK accedan al registro de llamadas y mensajes del celular de Gerardo Milman. La información ya está en el juzgado, pero Capuchetti la guardó en un sobre lacrado en su caja fuerte bajo el argumento de que no tiene claro si las empresas de telefonía le enviaron información de más.

Los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, presentaron un escrito donde reclaman que la jueza Capuchetti habilite el acceso a esa prueba clave. Es porque el 15 de septiembre pasado Capuchetti "ordenó mantener en una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado, información digital relativa a Gerardo Milman". Se trata del registro de llamadas y mensajes entrantes y salientes del celular de Milman pero no de su contenido. Básicamente, lo que podría permitir saber es con quién se comunicó el diputado PRO al momento de los hechos investigados.

Hay que recordar que Milman participó de las marchas del violento grupo antiK Revolución Federal bajo la consigna "Todos presos, muertos o exiliados" en una guillotina, que presentó un proyecto en el Congreso donde hacía mención a un falso atentado contra CFK, que dos días antes del intento de magnifemicidio un testigo lo escuchó decir "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa", que el mismo día del ataque pedía precisiones sobre la custodia presidencial y que una de sus asesoras reveló que borró su celular en las oficinas de una ONG de Patricia Bullrich. Con todo esto, la jueza Capuchetti demoró casi un año en secuestrar su celular y ahora que ya lo tiene bloquea el acceso a la información que pueda quedar ahí.

"La actitud de V.S. respecto de todo el trámite vinculado con Gerardo Milman cada vez despierta mayores sospechas de que las obstrucciones a la producción de prueba son producto de mala voluntad y no solo de una evidente incompetencia", dice el escrito de los abogados de CFK.

Una pericia con historia propia

La cronología que desarrollan los letrados de CFK sobre el celular de Milman es increíble. Luego de una decisión de la Cámara porteña, Milman entregó su celular a la Justicia pero el 4 de septiembre su abogado dijo que tenía "dos líneas móviles, más una utilizada solo para WhatsApp". El fiscal Carlos Rívolo le pidió a la jueza Capuchetti que pidiera el tráfico de IMEI, que es la identificación de cada celular, de las dos líneas de Milman, incluidas las llamadas y mensajes entrantes y salientes. La jueza se negó a cursar el pedido del fiscal. Alegó que "no surgía de ningún lado que dar a conocer el tráfico de IMEI requiriera informar datos sobre llamadas y mensajes entrantes y salientes". Algo insólito, ya que el tráfico de un celular implica sí o sí sus llamadas y mensajes enviados y recibidos. Capuchetti le dijo a Rívolo que si quería pidiera él ese material. Rívolo lo hizo y resaltó que las compañías telefónicas "debían informar si era necesaria la remisión de datos sobre llamadas entrantes y salientes para dar cuenta del tráfico de IMEI". Fue una pregunta retórica: es obvio que sí.

Las empresas Telecom y Telefónica enviaron la información del celular de Milman, incluyendo las llamadas y mensajes entrantes y salientes. El fiscal Rívolo le remitió la información a la jueza Capuchetti, pero esta dijo que "Telefónica y Telecom no dieron una respuesta satisfactoria al pedido del fiscal, ya que no informaron si para remitir el tráfico de IMEI era necesario revelar información vinculada con llamadas o mensajes". Sostuvo que se "extralimitaron" en el envío y ordenó entonces que todo quedara en un sobre cerrado y en la caja fuerte del juzgado. Para complicar más todo, Capuchetti le dijo a Rívolo que vuelva a preguntar a las empresas telefónicas si para informar sobre el celular tienen que mandar las llamadas y  mensajes entrantes y salientes.

Para los abogados de CFK, en lugar de avanzar con la investigación la jueza Capuchetti "prefirió iniciar un camino burocrático kafkiano en el que el MPF (Rívolo) debe preguntar lo que siempre supo". Agregaron que "estas pérdidas de tiempo, por su parte, pueden generar pérdidas de prueba: por ejemplo, abonados contactados por Milman pueden tener mucho más tiempo para borrar sus dispositivos si surge un dato relevante".

"La decisión adoptada por la jueza es arbitraria y, además, causa un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, ya que continúa dilatando la investigación, en desmedro de la verdad", plantean Ubeira y Aldazábal.

Los abogados de CFK recordaron que la Cámara Federal porteña ya revocó 3 decisiones de Capuchetti en torno a la investigación de los celulares de Milman y sus asesoras. "Más allá de que V.E. (Capuchetti) reencauzó la investigación respecto de esas situaciones, el daño ya estaba hecho: por ejemplo, ahora sabemos que las asesoras de Milman cambiaron o borraron sus celulares. Es más, respecto de Gómez Mónaco, ahora también sabemos que el segundo celular que se le secuestró es de un modelo no accesible para los dispositivos de los que dispone la PSA. Con relación al celular de Milman, las demoras injustificadas causadas por V.S. hacen que no se disponga de una prueba que podría haber sido obtenida hace más de un año", reseñaron.

En términos formales, los abogados de CFK presentaron un “recurso de reposición, con apelación en subsidio”, contra la resolución de Capuchetti del 15 de septiembre, en la que ordenó “mantener en una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado, información digital” sobre Milman. Es decir, le están planteando que corrija su decisión. Y si no lo hace que tramite el escrito presentado como una apelación para que sea revisado por la Cámara Federal porteña.

¿Quiénes son los jueces que revisarán la resolución si la jueza rechaza el planteo? Los tres que Macri nombró en la instancia revisora de Comodoro Py: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los primeros dos fueron puestos a dedo en ese tribunal. El tercero visitaba a Macri en la Quinta de Olivos.

El celular de Milman quedó en la órbita de la Justicia luego de la declaración de Ivana Bohdziewicz del 5 de mayo de este año, cuando relató que manipularon su celular y el de Milman en las oficinas de Patricia Bullrich. En la que fue su tercera declaración testimonial en el caso, bajo juramento de decir verdad, dijo textual: “Milman le dijo (a otra asesora) que había hablado con Patricia y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente. De ahí nos fuimos a Av. De Mayo 953, 3er. Piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito (…) le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo”. Cuando le preguntaron si en las oficinas de Bullrich manipularon otro celular contestó: “Sí, el de Milman, pero no sé qué hicieron”, agregó.

Bohdziewicz es una de las asesoras que estuvo con Milman el 30 de agosto de 2022 en el bar Casablanca cuando un testigo le escuchó decir al diputado PRO: “Cuando la maten yo voy a estar en la Costa”. Fue 48 horas antes del atentado contra CFK. Citada a declarar, Bohdziewicz primero dijo que no estuvo en el bar, luego lo reconoció y finalmente afirmó que había borrado el contenido de su celular. En su tercera presentación ante la Justicia dijo que no fue ella sino un perito el que se ocupó de eliminar información que podría ser clave para la investigación de la causa. La dirección que dio es exactamente la del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad que preside Bullrich y donde Milman era parte de la comisión directiva hasta diciembre pasado.

Tras este episodio, el fiscal Rívolo pidió el secuestro del celular del diputado PRO y de un celular de Carolina Gómez Mónaco adicional al que ella entregó en su segunda declaración testimonial. Como la jueza rechazó el planteo, los abogados de CFK acudieron a la cámara que finalmente habilitó el secuestro de los celulares de Milman y Gómez Mónaco.

Ahora, tras una nueva maniobra dilatoria de la jueza Capuchetti –también nombrada en Comodoro Py por Macri-, los abogados de Cristina vuelven a realizar una presentación en pos de poder avanzar con la pesquisa que a más de un año del atentado solo tiene 3 detenidos, que fueron los ejecutores del ataque. Poco y nada se profundizó en las pistas políticas que pudieron existir detrás del intento de magnifemicidio.

Fuente: El Destape