La denuncia busca que se investiguen los posibles delitos de asociación ilícita, malversación de fondos, violación de los deberes de funcionario público y peculado. La investigación quedará a cargo de Luís Rodríguez y de la fiscal Alejandra Mangano, en el juzgado Federal 9.

Según la denuncia, Omar Zeidan, en conjunto con el ex Subgerente de Recursos Humanos de YCRT Raúl Guimard, el concejal de Río Turbio Samir Zeidan y el ex Coordinador de YCRT Sergio Lumachi, habrían conformado una asociación ilícita que causó “un perjuicio patrimonial al Estado por la suma aproximada de 156 millones de pesos”.

Tras ser designado, Fernández revocó el contrato de esos 417 agentes, considerando a esas designaciones “ilegales” y afirmando que “nada tuvieron que ver con el desarrollo productivo ni la consecución de los objetivos de YCRT, dado que la empresa estaba paralizada”.

El último día hábil antes de las elecciones de octubre de 2019, se contrataron a 419 agentes, de los cuales 417 fueron pasados a planta permanente. Zeidán justificó los nombramientos como “inmejorables condiciones creadas por el gobierno” de Mauricio Macri para el funcionamiento. Sin embargo, la administración de YCRT no contaba con el presupuesto suficiente para costear esas designaciones.

La denuncia apunta además a falta de documentación, de exámenes médicos y de los procedimientos pre-ocupacionales obligatorios, ya que “muchos de los contratados presentaron su documentación en el Honorable Consejo Deliberante de Río Turbio, a través de Samir Zeidan -concejal y hermano del ex interventor- en sedes políticas y a punteros políticos”.