Un hijo de desaparecidos demandó al Estado argentino por haberlo despedido de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Claudio Avruj y Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, y le ganó. Carlos Pisoni, integrante de la agrupación Hijos y ex trabajador de la secretaría, presentó una demanda por “daño moral y discriminación” luego de haber sido despedido, en abril de 2016. 

“Me echaron después de las críticas que le hice a (Mauricio) Macri en la reunión” que mantuvieron con organismos de derechos humanos al inicio de la gestión de Cambiemos “y tras el discurso que leí en la plaza el 24 de marzo”, explicó. A fines del año pasado obtuvo sentencia favorable en primera instancia y aguarda, tras la feria judicial, el fallo confirmatorio de Cámara. 

“Mi intención siempre fue demostrar la arbitrariedad con la que se manejaron y la persecución que sufrimos quienes nos opusimos y resistimos al macrismo”, consideró Pisoni en diálogo con este diario.

Hijo de Rolando Pisoni e Irene Bellocchio, militantes de la Juventud Universitaria Peronista y la Juventud Trabajadora Peronista, secuestrados y desaparecidos en Agosto de 1977, integra la organización de derechos humanos Hijos, algo que, aseguró, tuvo mucho que ver con la decisión del Ministerio de Justicia de desvincularlo de la Secretaría de Derechos Humanos, en donde se desempeñó desde inicios de la década pasada. “A mí me despidieron por razones políticas y mi intención es sentar un precedente para que no vuelva a pasar”, sostuvo. 

Pisoni comenzó a trabajar en el Ministerio de Justicia nacional en 2012. Contratado por la Asociación de concesionarios de automotores de la República Argentina (ACARA) en base a la ley 23.383 --que autoriza al Estado a realizar mediante contratación directa convenios con entidades que tengan por objeto la cooperación técnica y financiera con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios--, fue asesor de la cartera en el Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en la Escuela de Mecánica de la Armada. Entre 2013 y finales de 2015, licenció sin goce de haberes en ese puesto ya que fue designado como subsecretario de Promoción de Derechos Humanos. 

Cuando Cambiemos asumió el gobierno nacional, Pisoni renunció al cargo directivo y regresó a su puesto original, aunque con un reperfilamiento en sus tareas: fue designado en la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando empezó a “resistir” al modelo de Cambiemos. 

“Al poco tiempo de asumida las nuevas autoridades a cargo del PEN, HIJOS y otras agrupaciones de derechos humanos consideraron que existían retrocesos en dicha materia por lo que solicitaron la celebración de una audiencia con el Presidente Mauricio Macri”, cuenta el resumen de la demanda que inició Pisoni a Acara, pero que recayó directamente en el Estado nacional. 

En esa reunión, PIsoni le reclamó al entonces Presidente una reacción ante la detención arbitraria de la dirigente jujeña Milagro Sala. “Le dije que él había ganado (las elecciones) procesado, y que asumió (la presidencia) en libertad. Que si somos todos iguales ante la ley, Milagro procesada no podía estar presa, que él debía esgrimirse a favor de la libertad de ella”. 

Según su análisis, aquella reunión fue la primera piedra que comenzó a inclinar el barco a favor de su despido. Otra fue las críticas a la gestión de Cambiemos que figuraron en el documento que suelen leer referentes de organismos de Derechos Humanos en la Plaza de Mayo al cierre de cada movilización por el 24 de marzo. “Sin derechos no hay democracia, porque cuando todo se concentra arriba, abajo quedan la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión. El macrismo es el gobierno de la exclusión planificada, de los derechos para pocos”, culminó el pasaje que resonó con la voz de Pisoni aquel 24 de marzo de 2016. 

Para entonces, hacía dos meses que no percibía haberes y, en la Secretaría, no le designaban tareas. Envió una carta documento reclamando lo primero y denunciando lo segundo. La empresa, le dio una sorpresa: “A partir del 14 de abril está despedido”.

Pisoni entendió que su despido tenía un “carácter discriminatorio” vinculado con su militancia en Hijos y su oposición al gobierno de turno. Inició un juicio laboral por daño moral y discriminación contra Acara. La responsabilidad, no obstante, recayó en el Estado. Es que la asociación explicó en una de los telegramas enviados a Pisoni que “recibió claras instrucciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que se procediera a la rescisión del contrato” laboral. 

“Mi intención siempre fue demostrar la arbitrariedad con la que se manejaron y la persecución que sufrimos quienes nos opusimos y resistimos al macrismo. Hijos especialmente: cerraron la tecnicatura de periodismo en Exma, finalizaron otros convenios que teníamos con el Estado y les dijeron a los que estaban a cargo de las cooperativas de Exma, que podían seguir con obras, menos en el edificio de Hijos”, remarcó Pisoni. 

El juez de primera instancia Mario Ernesto Zuretti le dio la razón: “Si la demandada pretendía sostener que el despido no tenía vinculación con circunstancias políticas del actor, y que no configuraba una conducta discriminatoria, debió acreditar las razones concretas que la condujeron a adoptar la decisión rupturista (recaudo que no se cumplió)”, sostuvo en su fallo. Ahora resta que la Cámara lo confirme. 

Fuente: Página/12