Legisladores del Frente de Todos (FdT) plantearon que los barrios privados deben prohibirse «expresamente» en la Ciudad de Buenos Aires y advirtieron que la intención del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es la de promover «viviendas lujosas», aunque el oficialismo local eliminó la definición de «conjuntos inmobiliarios» del proyecto que modificará la Ley de Catastro.

Así lo manifestaron durante una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, en la que diputados del bloque oficialista Vamos Juntos (VJ) y del FdT debatieron un proyecto de Ley del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que busca modificar la Ley 3.999 de Catastro de la Ciudad.

En los últimos días, la iniciativa de Larreta generó el rechazo del FdT, principal fuerza opositora en la Ciudad, y de algunas organizaciones, por incluir la definición de «conjuntos inmobiliarios» y de «propiedad horizontal especial», ya que, consideraron, habilitaba la posibilidad de construir barrios cerrados en el distrito.

Sin embargo, ambas definiciones fueron eliminadas del proyecto que se debatió este martes.

Al respecto, el legislador Javier Andrade (FdT) dijo que, con esa modificación, el Ejecutivo porteño solo «busca aminorar» lo que la propuesta original «provocó» en su «fuerza política, en la ciudadanía y en algunos colectivos que trabajan temas urbanísticos», y afirmó que la administración de Larreta «sigue profundizando la segregación y la desigualdad» en la población y «promoviendo las viviendas suntuosas».

Y agregó que, por un lado, «el Código Civil (de la Nación) contempla la figura de ‘barrios cerrados'», mientras «el Código Urbanístico de la Ciudad los prohíbe, pero no los define».

«Nosotros planteamos que expresamente quede limitada esta posibilidad en la Ciudad», añadió Andrade, quien es vicepresidente de la comisión de Planeamiento Urbano.

Luego, el diputado Matías Barroetaveña (FdT), pidió: «Seamos explícitos en que no queremos barrios cerrados en la Ciudad de Buenos Aires».

Y añadió: «Vemos un plan sistemático en la Ciudad de Buenos Aires de enajenación de tierras públicas, de habilitación de negocios inmobiliarios dudosos y de códigos urbanísticos que discuten a las apuradas sin participación popular».

Y comentó que generó «preocupación» encontrar el término «barrio náutico» en el proyecto original, ya que el emprendimiento de Costa Salguero «estaba planificado como un barrio náutico».

El proyecto que Rodríguez Larreta presentó a principios de este mes en la Legislatura tenía unadefinición imprecisa de los «conjuntos inmobiliarios», ya que establecía que eran «aquellos emprendimientos urbanísticos, tales como parques empresariales o náuticos, o cualquier otro, independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en el Código Urbanístico».

La legisladora Cecilia Ferrero (VJ), dijo por su parte que no consideraba necesario prohibir expresamente la figura de barrio cerrado en la Ley de Catastro, ya que estos emprendimientos «están prohibidos en el Código Urbanístico».

El presidente de la comisión de Planeamiento Urbano y legislador de VJ, Daniel Del Sol, agregó que en un artículo de dicho código «queda prohibida la aprobación y materialización de barrios con perímetro cerrado» y remarcó que «no hay intención de habilitarlos» por parte del oficialismo de la Ciudad.

Tweet de Daniel Del Sol

Al respecto, Gabriela Muzio, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, dijo que es «importante que se norme expresamente» sobre la prohibición de construir barrios privados en la Ciudad, y consideró que, con el proyecto tal como está planteado por el oficialismo porteño, «podrían hacerse de todas formas».

En este sentido, la arquitecta añadió que aunque se eliminaron los términos «conjunto inmobliario» y «propiedad horizontal especial» en la versión dictaminada hoy, «paralelamente se hicieron otras reformulaciones que parecen tendientes a habilitar situaciones específicas de los conjuntos inmobiliarios, tales como la posibilidad de subdividir en propiedad horizontal un terreno sin construir o la eventual existencia de calles no públicas en la Ciudad».

«La simple eliminación de términos en este caso no constituye la limitación del hecho en sí, hace falta decirlo expresamente», remarcó.

Tras la reunión de comisión, fuentes legislativas informaron a Télam que el proyecto recibió un dictamen de mayoría, por parte del oficialismo porteño, y otro de minoría, emitido por el FdT.

En la próxima sesión de la Legislatura, prevista para el 8 de julio, Vamos Juntos espera aprobar su propuesta, ya que cuenta con 26 bancas propias y otras 11 de bloques aliados (nueve de UCR-Evolución y dos del Partido Socialista), de un total de 60.

La propuesta fue cuestionada por organizaciones, como el Colectivo de Arquitectas y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), cuyos referentes advirtieron sobre la intención del Ejecutivo local de autorizar en la Ciudad los llamados «conjuntos inmobiliarios», figura que ya existe en el Código Civil y Comercial de la Nación y que incluye distintos tipos de barrios cerrados.

Las organizaciones civiles alertaron que, si avanza el plan de construcción de barrios cerrados en Buenos Aires, se «terminaría de consolidar un modelo de ciudad excluyente y expulsiva», al advertir sobre el potencial impacto de la modificación de la Ley de Catastro que propuso el jefe de Gobierno porteño.

«En lo social y económico, terminaría de consolidarse un modelo de ciudad excluyente y expulsiva. Buenos Aires viene siendo sometida en los últimos años a una transformación radical. Esto es fruto de las decisiones que se toman en materia de políticas urbanas», dijo Gabriela Muzio, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, al ser consultada sobre la posible modificación de la Ley de Catastro porteña.

En el mismo sentido, Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y referente del ODC, dijo a esta agencia que con la construcción de barrios cerrados en la Capital Federal generaría «una ciudad más excluyente y privatista; con nuevas fracturas urbanas, nuevas desigualdades espaciales».

Fuente: Portal de Noticias